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Decreto 1204/2001
Administración Pública
Registro de Abogados del Estado - Creación
Año de sanción 2001
Fecha de sanción 2001-09-24
Organismo de origen Poder Ejecutivo Nacional
Modifica Ley 12954
Ley 24946
Ley 25344
Enlazada por Ley 12954
Ley 17516
Ley 23898
Ley 24667
Ley 24946
Ley 25344
Ley 25414
Procuración del Tesoro de la Nación
Enlaces oficiales Texto original

Creación del registro de abogados del estado en el ambito de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el que deberan inscribirse los que ejerzan las funciones previstas en la Ley 12954 y en los artículos 66 de la Ley 24946 y 7ro. De la Ley 25344.

Visto

la Ley de creación del Cuerpo de Abogados del Estado 12954 y su Decreto Reglamentario 34952/47; la Ley 17516 y su Decreto Reglamentario 411/80, la Ley 24667, la Ley 24946 y sus modificatorias, la Ley 25344, la Ley 23898 y la Ley 25414.

Considerando

Que resulta necesario suprimir, en el contexto de contención de gastos que impone la emergencia declarada por la Ley 25344, los costos producidos en los procesos judiciales en los que intervienen exclusivamente el Estado Nacional y las Provincias.

Que, por las mismas razones, cabe dejar sin efecto el pago de bonos, derechos fijos, o cualquier otro gravamen similar previsto en la legislación nacional o provincial, que imponga a los abogados un pago por su presentación en las actuaciones judiciales en las que intervengan en representación, patrocinio letrado o en defensa del Estado Nacional y de los demás organismos mencionados en el artículo 6 de la Ley 25344.

Que, por otra parte, debido a la gran cantidad de juicios en los que resulta necesaria la intervención del Estado Nacional, los gastos antes mencionados constituyen una erogación de importancia que afecta al erario público.

Que la entidad económica, la complejidad técnica y la distribución geográfica de la cartera judicial del Estado y demás cuestiones a cargo de los abogados del Estado, de agentes letrados que no integran dicho Cuerpo y de otros abogados que cumplen las funciones previstas en el artículo 66, último párrafo de la Ley 24946, requieren fortalecer la organización de la Abogacía Pública, para mejorar la eficiencia y el control en sus cometidos.

Que, por ende, resulta apropiado crear en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación un Registro de los mencionados profesionales.

Que las características propias de la Abogacía Pública ameritan el dictado de normas especiales que regulen su ejercicio, teniendo en cuenta, además, que tales peculiaridades han sido reconocidas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Que la especificidad de las funciones del abogado del Estado guarda S.E.mejanza con la propia del MINISTERIO PUBLICO, pues en ambos casos S.E. trata de funcionarios públicos, que actúan en representación y defensa de los intereses del Estado Nacional con autonomía técnica.

Que el presente S.E. dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 25414 y el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Decreto

Artículo 1

En las actuaciones judiciales en que S.E.an partes contrarias el Estado Nacional y las Provincias; o que S.E. susciten entre dos o más Provincias; o entre el Estado Nacional o una o más Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las costas S.E.rán siempre impuestas en el orden causado.

Artículo 2

En estas causas las partes estarán exentas del pago de tasas judiciales. La prueba pericial S.E.rá cumplida mediante informes de organismos o entidades oficiales, con especialización técnica o académica en la materia de que S.E. trate, ofrecidas por las partes o designados de oficio, los cuales como única retribución percibirán el reintegro de los gastos que acrediten haber realizado.

Artículo 3

Los abogados que ejerzan las funciones previstas en la Ley 12954, y en los artículos 66 de la Ley 24946 y 7 de la Ley 25344, estarán exentos del pago de bonos, de derechos fijos, y de cualquier otro gravamen similar previsto en la legislación nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que imponga a aquéllas un pago por su presentación en las actuaciones judiciales en las que intervengan en representación, patrocinio letrado o defensa del Estado Nacional o de los demás organismos mencionados por el artículo 6 de la Ley 25344.

Artículo 4

Créase el Registro de Abogados del Estado, en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el cual deberán inscribirse todos los letrados que ejerzan las funciones mencionadas en el artículo 3.

Artículo 5

La representación, patrocinio y defensa judicial del Estado Nacional y de los demás organismos o entes mencionados en el artículo 6 de la Ley 25344 en cualquier fuero, instancia o jurisdicción, sólo podrá S.E.r ejercida por aquellos profesionales inscriptos en ese Registro, sin que resulte necesaria ninguna otra matriculación profesional.

Artículo 6

El S.E.llo profesional, donde deberá constar el número de inscripción en el Registro creado por el artículo 4, S.E.rá de uso obligatorio en cualquier intervención en causas judiciales, expedientes administrativos, sumarios y demás actuaciones que realicen tales letrados en cumplimiento de sus funciones, a partir de un año contado desde la publicación del presente Decreto.

Artículo 7

Los abogados que ejerzan la representación, patrocinio y defensa judicial del Estado Nacional o de los demás organismos mencionados en el artículo 6 de la Ley 25344, tendrán derecho a percibir los honorarios regulados por su actuación en juicio sólo en el caso en que estén a cargo de la parte contraria, S.A.lvo disposición en contrario del organismo del cual depende el profesional.

Artículo 8

El Procurador del Tesoro de la Nación podrá dictar las disposiciones complementarias y aclaratorias para el funcionamiento del Registro que S.E. crea por el artículo 4.

Artículo 9

Quedan comprendidas en los términos del presente Decreto todas las actuaciones judiciales que tramiten ante los Tribunales Nacionales, incluyendo las causas en las cuales la condena en costas no S.E. haya cumplido, a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Entrará en vigencia respecto de las causas que S.E. susciten entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en jurisdicciones locales, a partir de su adhesión mediante la S.A.nción de la ley correspondiente.

Artículo 10

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo. — Ramón B. Mestre. — Jorge E. De La Rúa.