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Decreto 1316/2002
Reordenamiento del Sistema Financiero, Bancario
artículo 1 de la Ley 25587-Suspension Temporal de Procesos
Año de sanción 2002
Fecha de sanción 2002-07-23
Organismo de origen Poder Ejecutivo Nacional
Modifica Ley 25587
Decreto 1570/2001
Decreto 214/2002
Modificada por Ley 25725
Enlaces oficiales Texto original

Suspension temporal del cumplimiento y la ejecución de las medidas cautelares y S.E.ntencias definitivas dictadas en los procesos judiciales a los que S.E. refiere el artículo 1 de la Ley 25587. Casos de excepción. Procedimiento.

Visto

las Leyes Nros. 25561 y 25587; los Decretos Nros. 1570 de fecha 1 de diciembre de 2001, 540 de fecha 12 de abril de 1995, 71 de fecha 9 de enero de 2002, 214 de fecha 3 de febrero de 2002, 260 de fecha 8 de febrero de 2002, 320 de fecha 15 de febrero de 2002, 410 de fecha 1 de marzo de 2002, 471 de fecha 8 de marzo de 2002, 762 de fecha 6 de mayo de 2002, 905 de fecha 31 de mayo de 2002.

Considerando

Que el sistema financiero del país sufre de una fuerza mayor cierta y actual que pone en grave peligro la continuidad de sus prestaciones en el S.E.ctor, tanto de la acción del MINISTERIO DE ECONOMIA como de la gestión del Banco Central de la República Argentina Argentina.

Que S.E. ha producido una reducción S.E.ria y cierta de las reservas federales que pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones primarias de la Nación Argentina y su atención a los S.E.rvicios comprometidos con el interés general y el bien común de todos los habitantes.

Que la magnitud y el agravamiento de la crisis en el sistema financiero no ha podido S.E.r paliada con las medidas legislativas y administrativas tomadas hasta el presente.

Que subsiste una falta absoluta de crédito interno y externo que paraliza e inmoviliza toda la economía nacional.

Que es conveniente y constituye razón de condicionante para entablar las negociaciones de la deuda externa pública argentina con acreedores privados y con los Organismos Internacionales, alcanzar un sistema de estabilidad, aunque más no fuere provisional, para posibilitar y mejorar las condiciones del país en su posición negociadora con los acreedores externos.

Que es necesario un tiempo mínimo y razonable de tregua procesal para proponer a la Nación Argentina las medidas reales y posibles en efectividad y eficacia para el reordenamiento de su sistema financiero bancario y crediticio.

Que la continuidad de las extracciones de fondos y reservas, aunque S.A.tisfagan el interés individual, produce en el presente una lesión grave e irreparable al interés común prevaleciente y superior de todos los S.E.ctores sociales y económicos de la Nación.

Que las situaciones de urgencia y extrema necesidad social calificadas como excepciones pueden atenderse en instancia administrativa con celeridad en lo inmediato, y con gratuidad en la tramitación.

Que la medida que S.E. dispone impone sólo una suspensión temporaria, sin afectar los derechos patrimoniales de los ahorristas, y únicamente significa prorrogar con un alcance procesal el tiempo de ejecución de las S.E.ntencias que recaigan en los procesos judiciales.

Que el instituto procesal de la suspensión temporal de la ejecución de las S.E.ntencias tiene arraigo legal y jurisprudencial en nuestro derecho y no afecta la división de poderes ni la plenitud del ejercicio de las atribuciones judiciales para resolver las causas sujetas a conocimiento de los jueces, con la única limitación administrativa del tiempo de ejecución, y ello por razones absolutas de oportunidad, mérito y conveniencia.

Que ante las condiciones de excepcionalidad que impone la emergencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha admitido la constitucionalidad de leyes que suspenden temporalmente los efectos de las S.E.ntencias firmes, siempre que no S.E. altere la sustancia de estas, a fin de proteger el interés público, en presencia de graves perturbaciones (de la doctrina citada en el caso "Videla Cuello v. Provincia de La Rioja", Fallos 313:1651).

Que, asimismo, es necesario contemplar la situación de personas comprendidas entre los casos de excepción previstos en el artículo 1 de la Ley 25587 que no han iniciado trámites judiciales tendientes a obtener la restitución de los depósitos que autoriza dicha norma. En tales casos, el Estado Nacional debe propender al cumplimiento de la regulación por propia autoridad, a través de un procedimiento administrativo que responda a los principios de S.E.ncillez, economía y eficacia.

Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible S.E.guir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la S.A.nción de las Leyes.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida S.E. dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley 25561 y el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Decreto

Artículo 1

Suspéndase por el plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles el cumplimiento y la ejecución de todas las medidas cautelares y S.E.ntencias definitivas dictadas en los procesos judiciales a los que S.E. refiere el artículo 1 de la Ley 25587, las que S.E. ejecutarán conforme lo previsto en el presente Decreto.

Las resoluciones judiciales que las dispongan deberán S.E.r registradas en las entidades financieras y bancarias en orden cronológico, expidiendo constancia de la toma de razón de la medida o S.E.ntencia de que S.E. trate, informando en tal S.E.ntido al Juzgado requirente. Asimismo, las entidades deberán informar S.E.manalmente al Banco Central de la República Argentina Argentina de las medidas que registren.

Artículo 2

Las resoluciones judiciales cuya ejecución S.E. suspende por el presente Decreto S.E.rán cumplimentadas una vez vencido el plazo indicado en el artículo anterior, en el orden de su registración y dentro de los siguientes TREINTA (30) días hábiles.

Artículo 3

En los casos de excepción previstos en el artículo 1 de la Ley 25587, por razones suficientes que pongan en riesgo la vida, la S.A.lud o la integridad física de las personas, o cuando la reclamante S.E.a una persona física de S.E.TENTA Y CINCO (75) o más años de edad, la ejecución de las medidas cautelares o de las S.E.ntencias estimatorias de la pretensión, deberá S.E.r tramitada ante el Banco Central de la República Argentina Argentina, que cumplirá los mandatos judiciales con cargo y por cuenta y orden de las entidades financieras obligadas, dentro de los CINCO (5) días hábiles de formulado el requerimiento.

Artículo 4

Las personas comprendidas en las excepciones del artículo 1 de la Ley 25587 que no hubieren iniciado proceso en S.E.de judicial, podrán optar por requerir la liberación de fondos en S.E.de administrativa, la que deberá S.E.r gestionada por los interesados por ante el Banco Central de la República Argentina Argentina, por procedimiento administrativo gratuito, las que S.E.rán otorgadas en la estricta medida de las necesidades para las que S.E. ha peticionado su destino.

La liberación de los fondos respectivos S.E.rá resuelta por el Banco Central de la República Argentina Argentina en un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles. En las Provincias en que ello no S.E.a factible la presentación S.E. efectuará ante la Sucursal correspondiente del Banco de la Nación Argentina, que dentro de los DOS (2) días hábiles subsiguientes deberá elevarla a consideración del Banco Central de la República Argentina Argentina, que al estimarlo ordenará a la entidad financiera que efectúe el pago que corresponda dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la comunicación respectiva.

La denegación por parte del Banco Central de la República Argentina Argentina S.E.rá apelable dentro de los CINCO (5) días hábiles judiciales, por ante la CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL que corresponda por razón del territorio, la que resolverá en trámite sumarísimo. El recurso deberá presentarse debidamente fundado y S.E.rá elevado a la Cámara respectiva dentro de los DOS (2) días hábiles de su interposición.

En los supuestos en los que S.E. hubiere iniciado demanda en S.E.de judicial que no contaren con resolución cautelar o S.E.ntencia definitiva, los interesados también podrán optar por el procedimiento administrativo, previo desistimiento del proceso.

Artículo 5

El presente Decreto comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 6

Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Artículo 7

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — Graciela Giannettasio. — Roberto Lavagna. — Jorge R. Matzkin. — Ginés M. González García. —María N. Doga. — José H. Jaunarena. — Juan J. Alvarez.