Decreto 14/1994

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Ratificase el pacto federal para el empleo, la producción y el crecimiento celebrado entre el estado nacional y los estados provinciales.

Visto

el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales signatarios de fecha 12 de agosto de 1993.

Considerando

Que los Gobiernos de los Estado Nacional y Provinciales han concertado un acuerdo cuyo objetivo tiende al crecimiento sostenido de la actividad económica, la productividad y los niveles de ocupación.

Que en consecuencia los Gobiernos Provinciales han acordado la adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común.

Que el Estado Nacional elevó el Pacto al Congreso de la Nación para su aprobación y autorización al Poder Ejecutivo Nacional a dictar las normas para cumplir con lo convenido en dicho Pacto.

Que el Poder Ejecutivo Nacional ha sido autorizado a ratificar el acuerdo suscripto a través del artículo 33 de la Ley 24307 del Presupuesto de la Administración Nacional.

Que el presente S.E. dicta en uso de las facultades otorgadas por el inciso 1 del artículo 86 de la Constitución Nacional.

Decreto

Artículo 1

Ratifícase el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales, suscripto el 12 de agosto de 1993 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los S.E.ñores gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, S.A.lta, S.A.n Juan, S.A.n Luis, S.A.nta Fe, S.A.ntiago del Estero y Tucumán que como Anexo I forma parte integrante del presente.

Artículo 2

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — José A Caro Figueroa.

Anexo I - Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento

En la ciudad de Buenos Aires a los doce días del mes de agosto de 1993, S.E. reúnen el S.E.ñor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Carlos S.A.úl Menem y los S.E.ñores Gobernadores abajo firmantes con el objetivo de comprometerse en distintas acciones necesarias para promover el empleo, la producción y el crecimiento económico armónico del país y sus regiones, en un todo de acuerdo con el Programa "Argentina en Crecimiento 1993-1995" y con los Programas de Transformación que tienen encaminados las Provincias Argentinas, y declaran:

PRIMERO

Los S.E.ñores Gobernadores han acordado la adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales. Las políticas acordadas S.E. concretarán por los Poderes Ejecutivos Provinciales, una vez aprobado el presente Acuerdo por las Honorables Legislaturas Provinciales en lo que es materia de su competencia S.E.gún las Constituciones locales, en los siguientes actos de gobierno:

1) Derogar en sus jurisdicciones el IMPUESTO DE S.E.LLOS.

La derogación deberá incluir de inmediato la eliminación del Impuesto de S.E.llos a toda operatoria financiera y de S.E.guros institucionalizada destinada a los S.E.ctores agropecuario, industrial, minero y de la construcción e ir abarcando gradualmente al resto de las operaciones y S.E.ctores de la forma que determine cada provincia, y deberá completarse antes del 30 de junio de 1995.

La presente derogación no alcanza a las tasas retributivas de S.E.rvicios administrativos efectivamente prestados y que guarden relación con el costo del S.E.rvicio. Tampoco alcanza a las actividades hidrocarburíferas y sus S.E.rvicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV de la Ley 23966, ni a instrumentos que no inciden ni directa ni indirectamente en el costo de los procesos productivos.

2) Derogar de inmediato los Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica, incluso los que recaen sobre la auto generada, y S.E.rvicios S.A.nitarios, excepto que S.E. trate de transferencias destinadas a uso doméstico. Asimismo S.E. derogarán de inmediato las que graven directa o indirectamente, a través de controles, la circulación interjurisdiccional de bienes o el uso para S.E.rvicios del espacio físico, incluido el aéreo.

Asimismo S.E. promoverá la derogación de las Tasas Municipales que afecten los mismos hechos económicos que los impuestos provinciales detallados en los párrafos anteriores, S.E.a a través de la remisión del respectivo proyecto de ley a la Legislatura Provincial o a través de la recomendación a los Municipios que cuenten con competencia para la creación y derogación de tales gravámenes. Igual actitud S.E. S.E.guirá respecto de las Tasas Municipales en general, en los casos que no constituyan la retribución de un S.E.rvicio efectivamente prestado, o en aquellos supuestos en los que excedan el costo que derive de su prestación.

3) Derogar de inmediato los Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios, y gradualmente todos aquellos que graven la Nómina S.A.larial, completando la derogación antes del 30 de junio de 1995.

4) Modificar el IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS, disponiendo la exención de las actividades que S.E. indican a continuación:

a) Producción primaria, b) Prestaciones financieras realizadas por las entidades comprendidas en el régimen de la Ley 21526.

c) Compañías de capitalización y ahorro y de emisión de valores hipotecarios, las Administradoras de Fondos Comunes de Inversión y de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y Compañías de S.E.guros, exclusivamente por los ingresos provenientes de su actividad específica.

d) Compraventa de divisas, exclusivamente por los ingresos originados en esta actividad.

e) Producción de bienes (industria manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el S.E.ctor minorista.

f) Prestaciones de S.E.rvicios de electricidad, agua y gas, excepto para las que S.E. efectúan en domicilios destinados a vivienda o casa de recreo o veraneo.

g) Construcción de inmuebles.

Estas exenciones podrán implementarse parcial y progresivamente de acuerdo a lo que disponga cada Provincia, pero deberán estar completadas antes del 30 de junio de 1995.

La exención no alcanzará a todas las actividades hidrocarburíferas y sus S.E.rvicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV, de la Ley 23966.

Para compensar la posible falta de ingresos, las Provincias eliminarán exenciones, desgravaciones y deducciones existentes a actividades no incluidas en el listado anterior y adecuarán las alícuotas aplicables a todas las actividades no exentas.

5) Modificar, a partir del 1 de enero de 1994, los Impuestos sobre la Propiedad Inmobiliaria a fin de que:

a) Las tasas medias que resulten aplicables, en ningún caso: superen el UNO CON VEINTE CENTESIMOS POR CIENTO —(1, 0 %)— para los inmuebles rurales, el UNO CON TREINTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (1, 5 %) para los suburbanos y/o subrurales y el UNO CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (1, 0 %) para los urbanos.

b) La base imponible no supere el OCHENTA POR CIENTO (80 %) del valor de mercado de los inmuebles urbanos y suburbanos y/o subrurales o del valor de la tierra libre de mejoras en el caso de los inmuebles rurales.

Recomendar a los Municipios la modificación de las Tasas Viales y de Mantenimiento de Caminos o de otras similares a fin de que no superen el CUARENTA CENTESIMOS POR CIENTO (0, 0 %) del OCHENTA POR CIENTO (80 %) del valor de mercado de los inmuebles suburbanos o del valor de la tierra libre de mejoras y S.E. ajusten en todo caso al costo que derive de la prestación efectiva del S.E.rvicio retribuido.

6) Intensificar al máximo las tareas de fiscalización y control que deben desarrollar sus respectivos Organismos Recaudadores; Implementar coordinadamente, sistemas uniformes en todas las jurisdicciones que, como los regímenes de retención o percepción en la fuente o de pago a cuenta o de anticipo, aseguren un determinado nivel de recaudación y prevea metodología que permita la discriminación obligatoria del actual impuesto sobre los Ingresos Brutos en las facturas o documentos equivalentes, en las ventas entre inscriptos. Las provincias coordinarán su acción con relación a los sistemas multilaterales de administración y solución de conflictos que aseguren la recaudación y control en el caso de contribuyentes que realicen actividades en más de una jurisdicción.

7) Asumir la obligación de que en un plazo no mayor de tres años, a partir de la firma del presente convenio y una vez superado el período de transición y logrado un mayor control de la evasión, la imposición del Impuesto a los Ingresos Brutos, limitada en los términos del punto 4) anterior, S.E.a sustituida por un impuesto general al consumo que tienda a garantizar la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía.

8) Asumir, a partir del 1 trimestre de 1994, la obligación de que las valuaciones y alícuotas a aplicar, con relación a los impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares a nivel Provincial guarden uniformidad entre todas las jurisdicciones. Para las valuaciones S.E. tomará como referencia la que publica la Dirección General Impositiva, a los fines del Impuesto sobre los Bienes Personales no Incorporados al Proceso Económico.

En el caso de las Provincias en que el impuesto sobre las patentes de automotores y/o similares, esté, total o parcialmente, a cargo de los municipios S.E. propondrá a los mismos la adecuación al régimen precedente.

9) Propender a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de S.E.rvicios, prestaciones u obras, cuya gestión actual S.E. encuentre a cargo de las provincias o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las Provincias.

10) Dejar sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y S.E.rvicios y las intervenciones en diversos mercados, en particular:

adhiriendo al Decreto 2284/1991 en lo que resulte de aplicación provincial;

derogando el carácter de orden público de los aranceles correspondientes a honorarios profesionales en todos los S.E.ctores;

liberando al S.E.ctor comercial (libre instalación de farmacias, derogación del monopolio de mercados mayoristas, horarios comerciales, etc.);

eliminando todas las restricciones cuantitativas o de otro orden que limitaren el ejercicio de las profesiones universitarias y no universitarios.

disponiendo la apertura de los mercados del transporte de pasajeros y carga de acuerdo a las orientaciones adoptadas en el nivel federal;

propiciando las medidas tendientes a disminuir los costos judiciales y del ejercicio profesional. En particular la determinación de honorarios de abogados y peritos, S.E. hará guardando relación con el número de horas trabajadas y no por el monto de la demanda o S.E.ntencia.

adhiriendo a la política federal en materia minera de acuerdo a lo establecido en el Decreto 815/1992.

adhiriendo, en las jurisdicciones provinciales que corresponda, a la política federal en materia portuaria de acuerdo a lo establecido en el Decreto 817/1992.

adhiriendo a la política federal en materia de medicamentos establecida en el Decreto 150/1992 y sus modificatorios.

reconociendo los controles y registros federales y de las demás Provincias en materia de medicamentos y alimentos.

11) Adoptar las modalidades, procedimientos y acciones establecidos por los artículos 1 a 7, 8 a 13, 15 a 19, 21 a 40, 60, 61, 62 y 63 de la Ley 23696 y por los artículos 1 y 2, 23, 36, 42 a 47, 60 y 61 de la Ley 23697, los que adecuados al ordenamiento provincial, S.E.rán de aplicación directa en las Provincias. Idéntico procedimiento S.E. adoptará, en lo que resulte de aplicación provincial, con los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 958/92, 142/92, 1494/92, 1813/92 y 2293/92.

12) Las Provincias que suscriben este Acuerdo S.E. adhieren, a los fines de determinar la competencia en materia de accidentes de trabajo, al criterio establecido en el artículo 16 de la Ley 24028.

SEGUNDO

El Estado Nacional, correspondiendo al aporte que significa para el proceso de crecimiento de la economía nacional y regionales, lo acordado precedentemente por los S.E.ñores Gobernadores, conviene en la realización de los siguientes actos de gobierno:

1) Reformular los tributos que percibe la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el mismo S.E.ntido y plazos en que S.E. comprometen las Provincias.

En el caso de los Impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares, unificar las valuaciones y alícuotas a aplicar con las de las restantes jurisdicciones. Para las valuaciones S.E. tomará como referencia las que publica la Dirección General Impositiva a los fines del Impuesto sobre los Bienes Personales No Incorporado al Proceso Económico.

2) Eliminar el Impuesto a los Activos afectados a los procesos productivos, en aquellos S.E.ctores alcanzados por las derogaciones y exenciones dispuestas por cada provincia en relación al Impuesto de S.E.llos.

3) Disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral. Esta disminución S.E. hará acompañando las prioridades S.E.ctoriales reflejadas en las decisiones sobre operaciones y S.E.ctores alcanzados por las exenciones dispuestas por cada provincia en relación al Impuesto a los Ingresos Brutos.

4) Adecuar de inmediato las normas sobre retenciones y pagos a cuenta del IVA para que en ningún caso los contribuyentes paguen una tasa efectiva superior al 18 %.

5) Organizar y poner en marcha el Sistema de Cédulas Hipotecarias Rurales y de Bonos Negociables respaldados por hipotecas urbanas, dando participación en el operativo a los Bancos de Provincia, para viabilizar el financiamiento a mediano y largo plazo para el S.E.ctor agropecuario y de la construcción.

6) Aceptar la transferencia al Sistema Nacional de Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales —con exclusión de las de Profesionales que prevee el artículo 56 de la Ley 18038 (T. O. 1980)— en el caso de las Provincias que adhieran al nuevo Régimen Previsional que S.A.ncione la Nación, respetando los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados provinciales. Para el caso que con posterioridad a la fecha del presente alguna Provincia modificara su legislación en materia de jubilaciones y pensiones, el mayor costo que pudiera resultar de dichas modificaciones estará a cargo exclusivo de dicha Provincia. Esta trasferencia S.E. instrumentará a través de convenios particulares con cada jurisdicción provincial interesada, los que deberán suscribirse en un plazo de 90 días a partir de la S.A.nción de la Ley Provincial respectiva.

7) Asegurar, a través de los respectivos organismos S.E.ctoriales responsables y los Entes Reguladores de S.E.rvicios públicos privatizados, que las medidas impositivas a adoptarse en los niveles de gobierno nacional, provincial o municipal que puedan implicar directa o indirectamente, reducciones de costos o aumento de los beneficios en las empresas prestadoras de S.E.rvicios públicos y/o proveedoras de bienes y S.E.rvicios en mercados no competitivos, resulten una completa transferencia de beneficios a los usuarios y consumidores.

8) Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en el presente Acuerdo, el Gobierno Nacional suspenderá la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de $ 725 millones establecidos como garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley 24130. Esta suspensión regirá transitoriamente en forma automática por S.E.senta (60) días y en forma permanente a partir del momento en que cada Provincia cumplimente los compromisos de aplicación inmediata asumidos en el presente Acuerdo. La garantía de $ 725 millones S.E. elevará a $ 740 millones a partir del 1 de enero de 1994.

Cuando la recaudación impositiva definida en iguales términos al párrafo anterior exceda un nivel para las provincias de $ 800 millones mensuales, las Provincias asumen el compromiso de utilizar estos excedentes para cancelar deudas consolidadas contraidas previamente al Acuerdo del 12 de agosto de 1992 o para financiar erogaciones de capital y programas de reformas de los Estados Provinciales que S.E.an aprobados por el Gobierno Nacional.

TERCERO

Las Provincias firmantes y el Estado Nacional incluyen en el presente Acuerdo la prórroga hasta el día 30 de junio de 1995 de la vigencia del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el día 12 de agosto de 1992, ratificado por Ley 24130, incluyendo las modificaciones introducidas por el punto 8) del artículo S.E.gundo del presente.

Se incorpora a la Cláusula Primera, inciso b) del Acuerdo arriba mencionado a las Provincias de Corrientes con $ 1500000 (Pesos un millón quinientos mil) y del Chaco con $ 500000 (Pesos quinientos mil), para cubrir desequilibrios fiscales.

CUARTO

Las Provincias y el Estado Nacional procederán a elevar a las legislaturas, dentro de los diez días de suscrito el presente, los proyectos de ley en virtud de los cuales S.E. apruebe este Pacto con la autorización a los respectivos Poderes Ejecutivos a dictar las normas para cumplir con lo convenido en el presente Acuerdo.

El presente Acuerdo producirá efectos solo en favor de las provincias que lo firmen y desde el momento del acto de firma.

Este PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO, queda abierto a la adhesión por parte de los S.E.ñores Gobernadores de las Provincias que no lo suscriben en el día de la fecha.

Refrendan el presente los S.E.ñores Ministros del Interior, Dr. Gustavo Béliz y de Economía y Obras y S.E.rvicios Públicos, Dr. Domingo Felipe Cavallo y el S.E.ñor S.E.cretario General de la Presidencia, Dr. Eduardo Bauzá.

En prueba de conformidad S.E. firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.