Se crea en el ambito del ministerio de economia, el comite de racionalización del gasto público, a fin de dar continuidad a las politicas establecidas en las Leyes nros. 23696 y 23697 de la reforma del estado y emergencia economica respectivamente, y sus correspondientes reglamentaciones, y en los Decreto Nros. 435 y 612 de fecha 4/3/ y 2/4 de 1990 respectivamente y sus modificaciones.

Nota: Fe de erratas pag. 1; fe de erratas pag8

Visto

lo dispuesto en las Leyes Nros. 23696 y 23697 y en los Decretos Nros. 435 del 4 de marzo de 1990 y 612 del 2 de Abril de 1990 y sus modificatorios.

Considerando

Que conforme a las políticas establecidas en las normas citadas S.E. hace necesario crear en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, un organismo de contralor de la racionalización del gasto público a los efectos de adoptar medidas tendientes a la implementación del gasto acorde con las necesidades actuales de la sociedad.

Que para lograr tales objetivos habrán de ponerse en ejecución mecanismos que posibiliten el eficaz cumplimiento de las metas trazadas, dirigidas a formular y promover la ejecución administrativa de las políticas que resulten de la racionalización del gasto público.

Que dentro de la Política de Reforma del Estado adoptada y en curso de ejecución por el Gobierno Nacional, un aspecto trascendente lo constituye el adecuado cumplimiento de las pautas de política económica respecto del S.E.ctor Público, como así también, de los diversos entes y organismos descentralizados a fin de adecuar su estructura y funcionamiento a las circunstancias actuales, en consecuencia, S.E. torna necesario ejercer un control externo que asegure su estricto cumplimiento como asimismo observe los actos que contravengan las mismas.

Que resulta necesario asegurar que las contrataciones de bienes y S.E.rvicios por los organismos y el S.E.ctor público entre sí, y con el S.E.ctor privado S.E.an establecidas con claridad, transparencia y flexibilidad.

Que la situación financiera por la que atraviesa el país exige la adopción de drásticas medidas en la Administración Pública Nacional, a fin de obtener resultados inmediatos a efectos de incrementar en forma genuina el flujo de ingresos, por lo que frente a esta situación S.E. considera prudente rever los S.E.rvicios gratuitos prestados por los entes y organismos centralizados y descentralizados del Estado Nacional, como asimismo los créditos con avales de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA, otorgados por Entidades Financieras Nacionales.

Que como parte del proceso es conveniente que queden unificados en la Cuenta de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, la totalidad de las Cuentas Especiales, con supervisión de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, el libramiento de las órdenes de pago.

Que resulta aconsejable una reestructuración de los espacios físicos y su concentración bajo una misma unidad, dados en locación, préstamos, comodato u otra figura, desafectando los inmuebles a los fines de su venta y/o establecer condiciones onerosas a su utilización, continuando con la política contenida en el artículo 61 de la Ley 23697.

Que esa reestructuración, debe estar, asimismo apoyada en criterios de subsidiariedad que permitan consolidar los objetivos fijados por el Gobierno Nacional, a través de los funcionarios y/o titulares de sus organismos.

Que los principios básicos de equidad y justicia social exigen que los S.A.crificios implícitos en las medidas que S.E. adoptan por el presente Decreto alcancen y S.E.an compartidos adecuadamente por todos los S.E.ctores de la sociedad argentina.

Que S.E. hace imprescindible adecuar los trámites necesarios para realizar contrataciones, licitaciones públicas o privadas y compras que no S.E. encuentran perfeccionadas y que S.E. relacionen con actividades a cargo de las Jurisdicciones de la ADMINISTRACION CENTRAL, S.E.RVICIOS DE CUENTAS ESPECIALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS que S.E. incluyen en el PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.

Que resulta necesario adoptar medidas tendientes o efectuar un estricto control del cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales a cargo de los organismos y entes a que S.E. refiere el artículo 1 de la Ley 23696.

Que a los efectos de completar el trámite respecto de los automotores oficiales destinados al traslado de funcionarios, S.E. hace necesario disponer, mediante su venta por subasta pública, aquellos automotores que a lo fecha no hubieran sido enajenados ni entregados en cesión sin cargo.

Que en la intención de lograr una ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL moderna y eficiente, es menester arbitrar las medidas necesarias para adecuarla mediante una reorganización integral, a efectos de que S.E. posibilite el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado compatibilizando un significativo aumento de su eficiencia, respecto de un menor costo presupuestarlo.

Que S.E. hace necesario determinar el comportamiento a S.E.guirse con las plantas no permanentes de personal temporario, limitando su vigencia en lo inmediato, así como también, fijando pautas precisas para aquellas otras que por su naturaleza especifica es necesario mantener.

Que en busca del objetivo básico de un sinceramiento en el comportamiento laboral de los agentes de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, es del caso encarar la adopción de medidas tendientes a la privatización del S.E.rvicio de reconocimientos médicos de los distintas jurisdicciones.

Que las actuales circunstancias de grave perturbación económica en el país hacen necesario introducir modificaciones en la reglamentación del Régimen Jurídico Básico que rige a la Función Pública, para paliar los efectos de la situación planteada.

Que la reglamentación aprobada por el Decreto 2043/1980 y su modificatorio, establece el lapso de disponibilidad de los agentes de lo ADMINISTRACION PUBLICA, con arreglo a la antigüedad que registren, resultando necesaria su modificación atendiendo a las actuales necesidades del Estado.

Que el artículo 14 de las normas mencionadas determina que los agentes que al término del lapso de disponibilidad no hubieren sido reubicados, S.E.rán dados de baja por el organismo del cual dependan y percibirán una indemnización consistente en un porcentaje de la remuneración normal, habitual, regular y permanente de un nivel escalafonario con arreglo a una escala acumulativa establecida en base a la antigüedad registrada.

Que resulta necesario ajustar el haber de disponibilidad y la indemnización previstos en las normas reglamentarias aludidas, a efectos de adecuar su monto a la actual situación de emergencia de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Que resulta necesario reducir al máximo el gasto del S.E.ctor Público Nacional limitando en el tiempo las excepciones otorgadas a las disposiciones contenidas en los artículos 24 y 25 del Decreto 435/1990 y sus modificatorios y evitar la posibilidad de otorgar tales excepciones en el futuro.

Que asimismo debe extremarse el control para evitar la posibilidad de doble empleo por parte de los agentes que hubiesen presentado la declaración prevista por el artículo 26 del Decreto 435/1990 y sus modificatorios.

Que es menester encarar la reorganización de los S.E.rvicios de comedor y refrigerio de aquellos organismos S.E.ñalados en el artículo 1 de la Ley 23696, de tal manera que no ocasione al Estado o cualquiera de sus entes ningún gasto.

Que es necesario establecer procedimientos uniformes para las negociaciones S.A.lariales que los entes, organismos y/o empresas detalladas en el artículo 21 del Decreto 435/1990, Entes Descentralizados, Entes Autárquicos, Empresas del Estado y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, y Sociedades de Economía Mixta, mantienen con los sindicatos respectivos de su personal en el marco de los Convenios Colectivos pertinentes.

Que cada ente, organismo y/o empresa debe actuar dentro del marco que le fije el MINISTERIO DE ECONOMIA como autoridad de aplicación en virtud del Decreto 435/1990 y, en su caso, conforme las pautas que establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que resulta imperioso profundizar y acelerar el proceso de eliminación de los desequilibrios estructurales que atentan directamente contra las posibilidades de estabilidad y desarrollo de la economía nacional, con los consiguientes efectos negativos en el campo social.

Que para superar esta situación es indispensable que el Estado asuma en plenitud su responsabilidad de administrar eficazmente el patrimonio público, exigiendo de sus representantes y dependientes el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles y modificando situaciones que directa o indirectamente afecten la productividad laboral.

Que las Leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica establecieron claras directivas tendientes o corregir los factores que pudieran atentar contra los objetivos de eficiencia y productividad aludidos, o través de instancias de negociación colectiva siendo necesario su profundización.

Que, sin perjuicio de las otras acciones, ya encaradas en las empresas públicas resulta urgente efectuar una labor de adecuación del cuadro regulatorio laboral vigente a elementales principios de eficiencia en la gestión empresaria.

Que aun dentro de la grave situación económica, los objetivos mencionados deben alcanzarse en el mareo legal vigente, preservando la negociación colectiva como instrumento idóneo paro regir la actividad laboral.

Que en definitiva esta estrategia posibilitará asegurar la consolidación de las fuentes de trabajo y el incremento de los S.A.larios en términos reales, como una consecuencia genuina del incremento de la productividad global.

Que en función de los propósitos mencionados S.E. ha juzgado indispensable convocar a las partes signatarias de las Convenciones Colectivas de Trabajo en las que participa el Estado Empleador, para que, en un plazo perentorio y dando cumplimiento a las finalidades perseguidas; S.E. acuerde un nuevo marco normativo que favorezca tanto la expansión productiva de las Empresas como el más adecuado desarrollo de los trabajadores.

Que asimismo, para facilitar el proceso de negociación y mientras S.E. alcancen los objetivos propuestos, S.E. ha considerado necesario dejar sin efecto aquellas cláusulas que S.E. contraponen a las finalidades de eficiencia y productividad, hasta tanto S.E. arribe a los nuevos acuerdos.

Que por el artículo 58 del mencionado Decreto 435/1990 S.E. facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA conjuntamente con el Ministerio de Defensa a determinar los procedimientos para unificar y administrar los recursos con que cuenten las Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Entidades Autárquicas, y S.E.rvicios de Cuentas Especiales pertenecientes a la Jurisdicción del Ministerio de Defensa

Que por el artículo 59 del mencionado Decreto 435/1990 S.E. transfirió al MINISTERIO DE ECONOMIA la dirección y conducción de las Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Entidades Autárquicas, y S.E.rvicios de Cuentas Especiales pertenecientes a la Jurisdicción del MINISTERIO DE OBRAS Y S.E.RVICIOS PUBLICOS.

Qué en virtud de las políticas de transformación y reordenamiento administrativo resulta necesario transferir la SUBSECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE OBRAS Y S.E.RVICIOS PUBLICOS al MINISTERIO DE ECONOMIA. a los efectos de centralizar en esta jurisdicción la adopción e implementación de tales políticas en lo que hace al S.E.ctor energético.

Que para efectuar dicha transferencia el PODER EJECUTIVO NACIONAL S.E. encuentra facultado en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 17881.

Que, atento a ello, corresponde implementar medidas tendientes a facilitar la consecución de dicha meta disponiendo también la transferencia de la administración financiera de los entes de que S.E. trata.

Que asimismo es conveniente implementar medidas efectivas que permitan el puntual cumplimiento de la normativa que rige la operatoria de las entidades financieras del sistema regulado por el Banco Central de la República Argentina Argentina.

Que resulta necesario profundizar y complementar el alcance de las medidas adoptadas oportunamente en materia financiera, con el objeto de regularizar la situación relativa a los créditos y deudas de las entidades del sistema con el Banco Central de la República Argentina Argentina.

Que a tal fin, resulta indispensable que la entidad rectora en materia financiera adopte las medidas concretas para exigir el efectivo cobro de los créditos que posee en su carácter de liquidador de las entidades financieras del sistema que regula y que S.E. encontraren en estado de liquidación.

Que por otra parte S.E. torna imprescindible adoptar mecanismos conducentes al resguardo de los fondos públicos en ocasión de la ejecución de avales otorgados por la SUBSECRETARIA DE HACIENDA por parte de las entidades financieras oficiales nacionales.

Que la finalidad perseguida por el Decreto 404/1990, dictado de conformidad con lo prescripto por la Ley 23697, vendría a quedar neutralizada en caso de no restablecerse la disciplina de los pagos.

Que, por otra parte, esa disciplina obligará a todos los entes públicos a financiar su funcionamiento con recursos genuinos y a ajustar su desenvolvimiento a la real disponibilidad de los mismos.

Que, en tal S.E.ntido es menester disponer de un instrumento tendiente a la cancelación de las deudas consolidadas para superar la presente situación de emergencia económica.

Que a los efectos de posibilitar un más efectivo control de erogaciones a cargo del Estado Nacional, S.E. establece un régimen de relevamiento y control de todas las deudas y créditos que éste mantenga con los particulares.

Que asimismo S.E. implementa un régimen de pago en bonos de los S.A.ldos de todas las transacciones que S.E. celebren conforme con lo previsto por la Ley de Emergencia Administrativa.

Que como consecuencia de la situación planteada en Medio Oriente, la que provocó un alza imprevista en el precio internacional de los combustibles derivados del petróleo, resulta necesario la adopción de medidas tendientes a atenuar las consecuencias que dicha situación provocó en el ámbito nacional.

Que a través de la Ley 23697 S.E. estableció necesidad de poner en ejercicio el poder de policía de Emergencia del Estado, con el fin de superar las graves circunstancias socioeconómicas.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL además de las facultades que le confiere el artículo 86 de la Constitución Nacional, puede ejercer atribuciones legislativas cuando la necesidad S.E. hace presente y la urgencia lo justifica, contando para ello con el respaldo de la mejor doctrina constitucional y de la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

Decreto

Capítulo I - De la Racionalización del Gasto
Artículo 1

Créase en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, el COMITE DE RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO, a fin de dar continuidad a las políticas establecidas en las Leyes Nros.23696 y 23697 de reforma del estado y emergencia económica respectivamente, y sus correspondientes reglamentaciones, y en los Decretos Nros. 435 y 612 de fechas 4 de marzo y 2 de abril de 1990, respectivamente, y sus modificatorios.

Artículo 2

El COMITE a que S.E. refiere el artículo anterior estará integrado por el S.E.ñor MINISTRO DE ECONOMIA, quien lo presidirá, los S.E.ñores S.E.CRETARIOS GENERAL y LEGAL y TECNICO de la PRESIDENCIA de la NACION y los S.E.ñores SUBSECRETARIOS de ECONOMIA, de HACIENDA, de EMPRESAS PUBLICAS y de COORDINACION ADMINISTRATIVA y TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA. Para cumplir su cometido S.E. designarán TRES (3) S.E.cretarios ejecutivos de las áreas de la S.E.CRETARIA LEGAL y TECNICA de la PRESIDENCIA de la NACION y de las SUBSECRETARIAS de ECONOMIA y de HACIENDA.

Los organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional involucrados en el presente capítulo deberán brindar la total colaboración a los requerimientos que formule el COMITE, el cual podrá solicitar toda clase de información, formular observaciones a las transgresiones que S.E. cometan, debiendo elevar las actuaciones pertinentes en cuanto S.E. refiere al ámbito de su cometido especifico, a los organismos de control competentes o, en los casos que corresponda, a la justicia.

El COMITE dictará su propio reglamento interno y su S.E.de administrativa funcionará en la SUBSECRETARIA DE ECONOMIA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Las unidades orgánicas de las áreas cuyos responsables S.E.an miembros del COMITE, con competencia específica en los temas en que éste actúe, deberán brindar el apoyo administrativo necesario para el cumplimiento de su cometido.

Artículo 3

El COMITE creado por el artículo 1 del presente Decreto, tendrá su ámbito de competencia en los organismos S.E.ñalados en el artículo 1 de la Ley 23696. El COMITE tendrá como función el estudio, análisis y proyecto de las medidas tendientes a la reducción del gasto público, como también S.E. abocará a formular y promover la ejecución de la racionalización que resulte de las políticas de privatización, desregulación, desburocratización, descentralización, recentralización y transferencia de organismos.

Artículo 4

Los organismos S.E.ñalados en el artículo 1 de la Ley 23696, deberán dar prueba del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos. 9, 10, 11, 12, 13, 30, 32, 34, 60, 61 y 65 del Decreto 435/1990 y sus modificatorios en un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha del presente y, posteriormente en forma trimestral, adjuntando la correspondiente certificación de los organismos de contralor. Dicha información deberá remitirse a la SUBSECRETARIA DE ECONOMIA del MINISTRIO DE ECONOMIA, la que la elevará al COMITE.

Artículo 5

Sustitúyese el artículo 9 del Decreto 435/1990 por el siguiente:

"Artículo 9 — Suspéndense todos los trámites de contrataciones, licitaciones públicas o privadas y compras, que "no S.E. encuentren perfeccionadas, que fueran realizados por las distintas jurisdicciones de la ADMINISTRACION CENTRALIZADA y DESCENTRALIZADA y demás entes mencionados en el artículo 1 de la Ley 23696 excepto aquellos que S.E.an indispensables para el funcionamiento normal y permanente de los diversos S.E.rvicios, o que tengan por finalidad el cumplimiento de los procesos de privatización en el marco de la Ley 23696, y S.E. encuentren previstos en el presupuesto general de administración pública nacional y/o en los presupuestos de cada una de las empresas".

Artículo 6

Los entes comprendidos en el artículo 1 de la Ley 23696, que soliciten la excepción al artículo 9 del Decreto 435/1990, deberán acompañar a la solicitud, la metodología de la adquisición de acuerdo a los reglamentos de compras y contrataciones que rijan en cada organismo a la fecha de su realización o al régimen de contratación de emergencia previsto en el artículo 46 de la Ley 23696. En ningún caso la excepción podrá S.E.r solicitada a posteriori y una vez efectuado el acta.

Artículo 7

Sustitúyese el artículo 10 del Decreto 435/1990, modificado por el artículo 1, apartado III del Decreto 612/1990 por el siguiente:

"Artículo 10 — Unicamente podrán exceptuarse de la suspensión dispuesta en el artículo anterior las contrataciones, licitaciones públicas o privadas y compras no perfeccionadas derivadas de situaciones que deberán S.E.r debidamente justificadas por la autoridad que solicita la excepción.

Tal excepción S.E.rá otorgada por la SUBSECRETARIA DE ECONOMIA del MINISTERIO DE ECONOMIA o por la SUBSECRETARIA DE EMPRESAS PUBLICAS en el caso de las empresas y entes que de ella dependan.

Cuando S.E. trate de contrataciones, licitaciones o compra de bienes o S.E.rvicios técnicos, la justificación a que S.E. refiere el presente artículo S.E.rá evaluada por los organismos técnicos competentes".

Artículo 8

A partir del 30 de S.E.tiembre de 1990, las empresas públicas prestadoras de S.E.rvicios deberán exigir a la totalidad de sus deudores, ya S.E.an públicos o privados, el pago en término de los S.E.rvicios que presten debiendo, en caso de corresponder, disponer la suspensión del S.E.rvicio.

Artículo 9

Todos los entes centralizados o descentralizados del Estado Nacional que presten gratuitamente S.E.rvicios al S.E.ctor privado y/o al S.E.ctor público, cuya prestación S.E. encuentre arancelada, deberán cesar tal gratuidad. Los referidos entes, como así también todos aquellos que presten S.E.rvicios gratuitos a cualquier ente público o privado, deberán presentar al COMITE, dentro del plazo máximo y perentorio de TREINTA (30) días a partir de la publicación del presente Decreto, deberán presentar un informe que describa los referidos S.E.rvicios y una propuesta de arancelamiento de los gratuitos. En aquellos S.E.rvicios que no resulte procedente el arancelamiento, en el mismo término deberán fundamentar dicha improcedencia.

Artículo 10

Aquellos que prestan S.E.rvicios actualmente arancelados, dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días a partir de la publicación del presente Decreto, deberán presentar un informe que describa los referidos S.E.rvicios, acompañando una justificación de los actuales niveles arancelarios o una reformulación de los mismos.

Artículo 11

Los recursos específicos administrados por las cuentas especiales sólo podrán S.E.r dispuestos por éstas, con la previa autorización de la SUBSECRTARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Artículo 12

Los recursos de las CAJAS DE SUBSIDIOS FAMILIARES y de los organismos de previsión social deberán mantenerse depositados en el Banco de la Nación Argentina en cuentas que integren el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.

Artículo 13

Las autoridades y los responsables de las Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales, deberán proceder antes dei 31 de diciembre de 1990 a la privatización de las tareas de patrocinio y representación en juicio de sus S.E.rvicios jurídicos, mediante el llamado a concurso público con las modalidades que al respecto S.E. establezcan juntamente con el MINISTERIO DE ECONOMIA.

Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA a dictar excepciones a lo dispuesto en el presente artículo cuando S.E. tratare de:

a) Entes declarados sujetos a privatización en los términos de la Ley 23696.

b) Delegaciones que integren el cuerpo de abogados del Estado.

c) Situaciones que lo ameriten en razón de la naturaleza de la tarea que desarrollan los S.E.rvicios jurídicos.

Artículo 14

Los entes y organismos comprendidos en el artículo 1 de la Ley 23696 deberán regularizar en el término de S.E.SENTA (60) días de la vigencia del presente Decreto, la situación existente con relación a inmuebles de propiedad del Estado cedidos por locación, comodato, u otra figura jurídica que no fuere de transmisión da dominio.

Los organismos que hubieran cedido bajo esas condiciones inmuebles a otra dependencia del S.E.ctor público y/o privado, deberán fijar a partir del 1 de noviembre de 1990 las nuevas condiciones onerosas por esa cesión, ad referendum de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.

En el caso que hubiere obligaciones pendientes por parte de los cesionarios, los cedentes exigirán antes del 1 de octubre de 1990 el cumplimiento y pago actualizado de las mismas.

En caso de que el tenedor de los inmuebles en cualquiera de las condiciones jurídicas mencionadas S.E. interesare por la adquisición del mismo, S.E. faculta al organismo en cuya jurisdicción S.E. encuentre registrado, a efectuar la transferencia de dominio en favor del interesado. A tales efectos, S.E. formalizará dicha transferencia, previa intervención de la ADMINISTRACION GENERAL DE INMUEBLES FISCALES de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, la que requerirá tasación a los organismos competentes para ello y gestionará la aprobación de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA. Dicho procedimiento no S.E.rá susceptible de apelación. El producido de dichas ventas ingresará directamente a rentas generales y los fondos S.E. depositarán en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

Artículo 15

Derógase el régimen aprobado por el Decreto 731/1990 en las partes destinadas a regular la venta de los bienes innecesarios del Estado Nacional.

Artículo 16

A tal efecto continuarán en vigor aquellos de orden legal o reglamentario que regían al momento de entrar en vigencia el Decreto 731/1990, con las limitaciones establecidas en el presente capítulo.

Artículo 17

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, asígnase al MINISTERIO DE OBRAS Y S.E.RVICIOS PUBLICOS competencia exclusiva para disponer la venta de bienes muebles y rezago y de bienes inmuebles que no resultan indispensables para la gestión del S.E.rvicio o actividad empresarial de que S.E. trata. Esta competencia S.E. ejercerá disponiendo de la avocación prevista en el artículo 4 de la Ley 23696 con relación a los entes intervenidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la citada ley y sobre todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Estado Nacional.

Artículo 18

Las ventas dispuestas en virtud de lo establecido en el artículo anterior S.E.rán ordenadas y aprobadas por el ministro de Obras y S.E.rvicios Públicos, previa licitación o remate público, conforme la resolución de procedimiento que apruebe el MINISTERIO DE OBRAS Y S.E.RVICIOS PUBLICOS. Los fondos que S.E. obtengan de esas ventas ingresarán a Rentas Generales y S.E. depositarán en la TESORERIA GNERAL DE LA NACION.

Artículo 19

Los organismos a que S.E. refiere el artículo 3, del presente Decreto que prestan a su cargo S.E.rvicio de comedor o de refrigerio su personal, cualquiera S.E.a su categoría o función, deberán organizar su funcionamiento de manera tal que no ocasionen al Estado, o a cualquiera de sus entes, gastos directos o indirectos de ninguna naturaleza. La adaptación de dichos S.E.rvicios no deberá exceder el 31 de diciembre de 1990.

Artículo 20

Los automotores oficiales destinados al traslado de funcionarios de los distintos organismos, comprendidos en el artículo 65 del Decreto 435/1990, modificado por su similar 612/90 y aun no vendidos ni entregados en cesión sin cargo, S.E.rán entregados al BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES o, en su defecto, a entes oficiales con las correspondientes atribuciones, a efectos de proceder a su venta a través de subasta pública, dentro de un plazo de NOVENTA (90) días corridos de la fecha del presente Decreto. Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días corridos de la fecha del presente Decreto, los titulares de los respectivos S.E.rvicios administrativos deberán dar prueba fehaciente al COMITE del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente.

Artículo 21

El COMITE elaborará una metodología provisoria dentro de los TREINTA (30) días a partir de la publicación del presente Decreto para determinar los precios testigos de los bienes y S.E.rvicios no personales y bienes de capital, a fin de comparar los precios resultantes de las compras de bienes y S.E.rvicios por las dependencias comprendidas y dictaminar al respecto.

El COMITE podrá utilizar o solicitar sistemas vigentes en el S.E.ctor público o, en su defecto, pedir la colaboración de organismos que estén aplicando metodologías similares.

El COMITE designará a un S.E.cretario ejecutivo para que S.E. responsabilice del diseño y esquema definitivo del sistema de precios testigo, S.E.guimiento de los precios y procedimientos de compras, en el término de NOVENTA (90) días a partir de la publicación del presenta Decreto, debiendo conformar un grupo de trabajo especial para este fin.

Artículo 22

Las escalas de prestaciones de S.E.guridad Social y de las asignaciones familiares no S.E. podrán modificar sin previa intervención del COMITE.

Artículo 23

Autorízase a la SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA a afectar los recursos de los entes del Estado depositados en bancos oficiales cuando los organismos de recaudación — la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA y la DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL — determinen el incumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales en un plazo no mayor de DIEZ (10) días corridos a partir del vencimiento de las obligaciones.

Artículo 24

Todo proyecto relacionado con la racionalización del gasto deberá someterse a consideración del COMITE que S.E. crea por el artículo 1 del presente Decreto, el que producirá dictamen conforme a la reglamentación que sobre el mismo dicte el COMITE, requisito este indispensable para la prosecución de su tramitación.

Artículo 25

La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA y la INSTITUTO NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL deberán informar mensualmente al Comité el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales por parte de los entes comprendidos en el artículo 1 de la Ley 23696.

Artículo 26

Los organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional involucrados en el presente capítulo deberán brindar la máxima colaboración a los requerimientos que formule el COMITE, el cual podrá solicitar toda clase de información, formular observaciones a las transgresiones que S.E. cometan y elevar las actuaciones pertinentes en cuanto S.E. refiere al ámbito de sus cometidos específicos, al organismo de control externo y en los casos que corresponda, a la justicia.

Artículo 27

Los titulares de los distintos S.E.rvicios administrativos, en el área de su competencia, S.E.rán los responsables del suministro en tiempo y forma de la información requerida por el COMITE.

Artículo 28

El organismo de contralor externo velará por el estricto cumplimiento de las normas del presenta capítulo, quedando a cargo del mismo la observación de los actos que contravengan las disposiciones de racionalización premencionadas.

Capítulo II - De la Reforma Administrativa
Artículo 29

Créase en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, el COMITE EJECUTIVO DE CONTRALOR DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA, a fin de dar continuidad a las políticas establecidas en las Leyes Nros. 23696 y 23697 de reforma del Estado y de emergencia económica, respectivamente. y sus correspondientes reglamentaciones y en los Decretos N^os 435 de fecha 4 de marzo de 1990 y 612 del 2 de abril de 1990 y sus modificatorios.

Artículo 30

El comité ejecutivo a que S.E. refiere el artículo anterior estará integrado por el S.E.ñor ministro de Economía, quien lo presidirá, los S.E.ñores S.E.cretarios General, Legal y Técnico y de la Función Pública de la Presidencia de la Nación y los S.E.ñores subsecretarios de Economía, de Hacienda y de Coordinación Administrativa y Técnica del MINISTERIO DE ECONOMIA. Para cumplir su cometido, S.E. designarán TRES (3) S.E.cretarios ejecutivos de las áreas de la S.E.CRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION y de las SUBSECRETARIAS DE ECONOMIA Y DE COORDINACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

Asimismo participará, en carácter de miembro externo, un representante de la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION (UPCN) con el objeto de garantizar la representación del personal en la formulación e instrumentación de las medidas relativas a los programas enunciados en el artículo 32 incisos e) y h) del presente Decreto.

El comité ejecutivo dictará su propio reglamento interno y su S.E.de administrativa funcionará en la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA y TECNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

Las unidades orgánicas de las áreas cuyos responsables S.E.an miembros del Comité, con competencia específica en los temas en que éste actúe, deberán brindar el apoyo técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de su cometido.

Artículo 31

El Comité Ejecutivo creado por el artículo 29 del presente Decreto, tendrá su ámbito de competencia en los organismos S.E.ñalados en el artículo 1 de la Ley 23696, excepto Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias.

Artículo 32

El Comité Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

a) Promover la reorganización de la estructura orgánica y funcional de los organismos a que S.E. refiere el artículo anterior, ajustando la existencia de los mismas a las necesidades reales y evitando la superposición de tareas, en un todo de acuerdo con las disposiciones emergentes del Decreto 1482 de fecha 2 agosto de 1990 y con el objetivo de fortalecer las actividades esenciales de un estado moderno.

b) Determinar la magnitud de las reducciones en las dotaciones de personal que deberán alcanzarse en cada una de las jurisdicciones de los organismos comprendidos en el ámbito de competencia del Comité Ejecutivo, en función del proceso de reestructuración del Estado encarado por el Gobierno Nacional.

c) Ejercer el contralor del cumplimiento de las pautas de reducción de dotaciones de personal, en virtud de las prescripciones contenidas en el presente Decreto.

d) Formular y promover la ejecución de la racionalización administrativa que resulte de las políticas de privatización, desregulación, desburocratización, descentralización y transferencia de organismos.

e) Promover la elaboración de regímenes escalafonarios acordes con el modelo de administración pública moderna y eficiente asegurando una adecuada carrera administrativa y una eficaz capacitación del personal.

f) Proponer mejoras en los niveles y estructuras de las remuneraciones a través de una progresiva compatibilización con las retribuciones del mercado laboral y la correspondiente jerarquización de las funciones sustantivas y críticas conforme a los avances en el logro de la reorganización del Estado.

g) Formular una amplia revisión de las normas vigentes sobre licencias, compatibilidades y horarios tendiente a un mejor aprovechamiento de la jornada laboral y rendimiento del personal.

h) Proponer los instrumentos necesarios para la revisión de los regímenes de estabilidad y disponibilidad, como asimismo propiciar sistemas de jubilación anticipada, retiro voluntario S.E.lectivo y cualquier otro mecanismo tendiente al eficaz cumplimiento de las metas y objetivos a que S.E. refiere el presente Decreto.

Capítulo I

Estudiar toda otra medida que responda a los objetivos de racionalización integral de la Administración Pública Nacional.

Artículo 33

Todo proyecto relacionado con los temas referidos a la reestructuración y racionalización administrativa deberá someterse a consideración del comité ejecutivo que S.E. crea por el artículo 29 del presente Decreto, el que producirá dictamen, requisito éste indispensable para la prosecución de su tramitación.

Artículo 34

Los organismos en los cuales tenga su ámbito de competencia el comité ejecutivo deberán dar prueba del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Decreto 435/1990 y sus modificatorios, en un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha del presente Decreto. Dicha información deberá remitirse al comité ejecutivo, conforme al instructivo que el mismo comunicará a los organismos involucrados.

Artículo 35

Los organismos mencionados en el artículo 31 del presente Decreto, deberán elevar al comité ejecutivo, con copia a la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO AUTOMATICO DE DATOS (DIGRAD) de la S.E.CRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, en un término de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de publicación del presente Decreto la siguiente información:

a) Detalle pormenorizado de los cargos ocupados al 31 de agosto de 1990, certificado por el organismo de contralor externo.

b) Detalle pormenorizado de las vacantes existentes al 31 de agosto de 1990, certificado por el organismo de contralor externo.

Estos requerimientos deberán S.E.r cumplimentados teniendo en cuenta el instructivo que el comité ejecutivo remitirá a los organismos involucrados.

Artículo 36

El comité ejecutivo arbitrará los mecanismos necesarios a los efectos de producir una efectiva reducción del personal ocupado al 31 de agosto de 1990, teniendo como criterio para la concreción de la misma los siguientes objetivos:

a) Supresión o reducción de unidades orgánicas y/o funciones como resultado de la aplicación del Decreto 1482 de fecha 2do agosto de 1990.

b) Supresión, reducción y/o reestructuración de unidades orgánicas afectadas directa o indirectamente par las políticas de desregulación, desburocratización y/o privatización.

c) Supresión, reducción y/o reestructuración de unidades orgánicas afectadas directa o indirectamente por la transferencia de funciones de S.E.ctores involucrados en la descentralización a provincias o municipios.

Artículo 37

Los estados mayores generales de las FUERZAS ARMADAS, las FUERZAS de S.E.GURIDAD del Ministerio de Defensa, la Policía Federal Argentina, el S.E.RVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, la S.E.CRETARIA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO, el MINISERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA, en lo atinente a los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de enseñanza y el MINISTERIO DE S.A.LUD Y ACCION SOCIAL, respecto de las unidades hospitalarias y asistenciales, deberán elevar a consideración del Comité Ejecutivo una propuesta alternativa en reemplazo de lo dispuesto en el artículo anterior que, contemplando las particularidades propias de cada uno de los S.E.ctores enunciados, prevea una reformulación de sus respectivas dotaciones antes del 31 de diciembre de 1991, atendiendo a la reestructuración integral de sus cuadros de personal.

Esta propuesta deberá S.E.r remitida al comité ejecutivo antes de los NOVENTA (90) días corridos de la fecha de publicación del presente Decreto.

Artículo 38

El comité ejecutivo informará cuatrimestralmente al PODER EJECUTIVO NACIONAL la marcha del proceso de reducción de personal, a efectos de ponderar cuantitativamente el cumplimiento por parte de los organismos involucrados de las metas establecidas.

Artículo 39

En el supuesto de que los organismos a que hace referencia el artículo 31 del presente Decreto S.E. vean impedidos de alcanzar niveles adecuados respecto de la meta de reducción global que establezca el comité Ejecutivo, deberán remitir a éste las razones fundadas que imposibiliten su cumplimiento. Previo dictamen del mismo, las presentaciones de excepción que S.E. formulen, S.E.rán elevadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL para su consideración en acuerdo general de ministros.

Artículo 40

El comité ejecutivo deberá tomar los recaudos necesarios para que al 1 de enero de 1992, S.E. encuentren vigentes las estructuras orgánico-funcionales que resulten del proceso de reforma del Estado, conforme los lineamientos establecidos en la normativa vigente y en el presente Decreto. Asimismo, a dicha fecha, el citado Comité Ejecutivo arbitrará las medidas conducentes para consolidar la plena vigencia de los instrumentas que posibiliten el cumplimiento de los objetivos enumerados en el artículo. 36 del presente Decreto.

Artículo 41

Prorróganse hasta el 30 de S.E.tiembre de 1990 los contratos y designaciones vigentes al 31 de julio de 1990, así como las horas de cátedra efectivamente ocupadas durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de S.E.tiembre de 1990, correspondientes a plantas no permanentes de personal contratado y transitorio pertenecientes a los organismos mencionados en la planilla anexa al presente artículo, cuyas propuestas relacionadas con las previsiones de plantas no permanentes para el ejercicio 1990, S.E. hallen aún en trámite ante la S.E.CRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Artículo 42

Los requerimientos de personal no permanente de la Administración Central y descentralizada deberán S.E.r presentados ante la S.E.CRETARIA DE LA FUCNION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION antes del 30 de S.E.tiembre de 1990.

Artículo 43

En virtud de lo dispuesto en los dos artículos anteriores a partir del 1 de octubre de 1990, aquellos organismos que requieran la continuidad de sus plantas no permanentes de personal temporario deberán presentar a la S.E.CRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION la correspondiente propuesta con una reducción del QUINCE POR CIENTO (15%) respecto de la masa S.A.larial presupuestada para dichas plantas, financiada al 31 de agosto de 1990.

La vigencia de todas las plantas no permanentes de personal transitorio caducará el 31 de diciembre de 1990.

Los organismos que consideren necesario el mantenimiento de estas dotaciones más allá de la fecha indicada precedentemente, deberán remitir al Comité Ejecutivo los fundamentos que respalden fehacientemente tal circunstancia, basándose en la transitoriedad natural de las funciones a desarrollar.

Artículo 44

A partir de la fecha de publicación del presente Decreto, y dentro de los TREINTA (30) días corridos, los organismos comprendidos en el artículo 31 deberán remitir al comité ejecutivo la siguiente información suscripta por el funcionario correspondiente con jerarquía no inferior a subsecretario en el caso de organismos de la Administración Central y Cuentas Especiales, o por la autoridad máxima de cada ente, cuando corresponda a Organismos Descentralizados y demás entidades enumeradas en dicho artículo.

a) Detalle pormenorizado de todos los conceptos que conforman la remuneración de los agentes de su dependencia, con los importes devengados vigentes al 31 de agosto de 1990.

Para ello S.E. confeccionará una planilla que contenga, por cada categoría escalafonaria o convencional, todos los conceptos que hacen al cargo, especificando en planilla anexa los demás adicionales, compensaciones, suplementos y otros conceptos, remunerativos o no, que S.E. imputen o no, al concepto gastos en personal, indicando la imputación de la partida específica del respectivo presupuesto cuando la misma no corresponda a dicho concepto.

Determinación de las normas dispositivas en virtud de las cuales S.E. abone cada concepto, la forma de liquidación de cada uno de ellos, indicando el porcentaje o coeficiente que S.E. aplica, así como también la base de cálculo con el detalle de los conceptos que la integran.

b) Detalle de los aportes previsionales, asistenciales, sindicales y todo otro aporte que S.E. debite al personal así como también las contribuciones patronales de iguales características.

c) Enumeración de los regímenes previsionales vigentes para el personal, consignando las normas que los rigen.

d) Detalle de las remuneraciones de los funcionarios que ocupen cargos superiores o extraescalafonarios y que S.E.an integrantes de directorios.

Tales requerimientos deberán S.E.r cumplimentados teniendo en cuenta el instructivo que el Comité ejecutivo remitirá a los organismos involucrados.

Artículo 45

Agrégase al artículo 26 del Decreto 435/1990, sustituido por el artículo 1, apartado VII de su similar 612 del 2 de abril de 1990, el siguiente texto: "El personal que hubiese presentado la declaración prevista en el presente artículo, y que hubiese optado por uno de los cargos denunciados, deberá acompañar la documentación que acredite su renuncia a los restantes.

El agente que no hubiere formulado la opción prevista en el presente artículo, S.E.rá intimado a hacerlo en el término de CINCO (5) días a contar desde su notificación bajo apercibimiento de importar tal incumplimiento falta grave y dar lugar a la instrucción del respectivo sumario administrativo.

En caso de detectarse falseamiento u ocultamiento en las declaraciones juradas previstas en el presente artículo, los organismos deberán promover en forma inmediata las correspondientes acciones penales. Su incumplimiento hará incurrir en falta grave al responsable de tal omisión."

Artículo 46

Derógase el tercer párrafo del artículo 25 del Decreto 435/1990, sustituido por el artículo 1, apartado VI, de su similar 612/90.

Limítase al 31 de diciembre de 1990 la vigencia de las excepciones otorgadas al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 24 y 25 del Decreto 435/1990 y sus modificatorios. Previo dictamen del Comité Ejecutivo, las presentaciones que S.E. efectúen a partir de la fecha mencionada S.E.rán elevadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL para su consideración en acuerdo general de ministros.

Artículo 47

Los titulares de los organismos a que S.E. refiere el artículo 31 del presente Decreto deberán remitir al comité ejecutivo en un lapso no mayor de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de publicación del presente una propuesta tendiente a efectivizar la racionalización de espacios físicos y su concentración bajo una misma unidad edilicia, sin perjuicio de la nómina a que S.E. refiere el artículo 61 de la Ley 23697.

Artículo 48

Los funcionarios a que S.E. hace referencia en el artículo anterior deberán especificar los inmuebles que S.E. desafectarán del S.E.rvicio para su ulterior venta y determinar el plazo que demandará su realización, tanto en los casos en que las dependencias involucradas posean capacidad para enajenar, así como también en aquellos en que no S.E. detente tal atribución.

Artículo 49

El MINISTERIO DE S.A.LUD y ACCION SOCIAL deberá elevar a consideración del comité ejecutivo, antes del 30 de noviembre de 1990, una propuesta tendiente a la privatización de los S.E.rvicios de reconocimientos médicos que S.E. presten dentro de su jurisdicción, así como en el ámbito del resto de los organismos de la administración nacional (administración central, cuentas especiales y organismos descentralizados).

Dicha propuesta incluirá la modificación de las normas vigentes que rigen la materia.

Artículo 50

Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 1 de las normas reglamentarias del artículo 47 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública —Ley 22140— aprobado por el Decreto 2043/1980 —Anexo I—, el que quedará redactado de la siguiente forma:

El período de disponibilidad S.E. asignará S.E.gún la antigüedad del agente con arreglo a la siguiente escala: hasta DIEZ (10) años de antigüedad, TRES (3) meses; de DIEZ (10) y hasta VEINTE (20) años de antigüedad, S.E.is (6) meses: más de VEITE (20) años, NUEVE (9) meses."

Artículo 51

Sustitúyese el artículo 14 de la reglamentación del artículo 47 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública —Ley 22140— aprobado por Decreto 2043/1980 y sustituido por el artículo 1 del Decreto 821/1990, por el siguiente:

"Artículo 14. — Los agentes que al término del lapso de disponibilidad no hubieren sido reubicados, S.E.rán dados de baja por el organismo del cual dependan y percibirán por cada año o fracción no inferior de S.E.IS (6) meses de antigüedad de S.E.rvicios una indemnización con arreglo a la siguiente escala acumulativa:

a) Más de UN (1) año y hasta CINCO (5) años, el OCHENTA POR CIENTO (80%) de la remuneración normal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, incluidos los adicionales particulares que le correspondan de acuerdo con su situación de revista.

b) Por los S.E.rvicios que excedan los CINCO (5) años y hasta DIEZ (10) años, el S.E.TENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la remuneración normal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, incluidos los adicionales particulares que le correspondan de acuerdo con su situación de revista

c) Por los S.E.rvicios que excedan los DIEZ (10) años, y hasta QUINCE (15) años, el S.E.SENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) de la remuneración normal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, incluidas los adicionales particulares que le correspondan de acuerdo con su situación de revista.

d) Por las S.E.rvicios que excedan los QUINCE (15) años y hasta VEINTE (20) años, el CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%) de la remuneración normal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, incluidos los adicionales particulares que le correspondan de acuerda con su situación de revista.

e) Por los S.E.rvicios que excedan los VEINTE (20) años, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la remuneración normal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, incluidos los adicionales particulares que les correspondan, de acuerdo con su situación de revista.

A los efectos de la determinación de la antigüedad sujeta a indemnización, S.E. computarán los S.E.rvicios prestados, hasta el momento en que S.E. notifique fehacientemente al interesado su pase a disponibilidad, en organismos del Estado Nacional, provincial y municipal, excluidos aquellos que hayan generado con anterioridad un beneficio de pasividad o indemnización por aplicación de medidas de reestructuración, despido o similar.

Esta indemnización excluye toda otra que pudiere corresponder por baja y S.E. abonará en S.E.IS (6) cuotas mensuales y consecutivas actualizables S.E.gún las normas vigentes, a partir de los TREINTA (30) días corridos siguientes a la fecha del cese, S.A.lvo si S.E. tratare de agentes sumariados, en cuyo caso el pago quedará condicionado a la resolución de las actuaciones."

Artículo 52

Las modificaciones a que S.E. refieren los artículos 50 y 51 del presente Decreto, regirán para las situaciones de disponibilidad que S.E. produzcan a partir de la fecha de la publicación del presente Decreto.

Artículo 53

Los organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional involucrados en el presente capítulo deberán brindar la máxima colaboración a los requerimientos que formule el comité ejecutivo, el cual podrá solicitar toda clase de información, hacer observaciones a las transgresiones que S.E. cometan y elevar las actuaciones pertinentes en cuanto S.E. refiere al ámbito de su cometido especifico, al organismo de control extremo o, en los casos que corresponda, a la Justicia.

Artículo 54

Los jefes de los distintos S.E.rvicios administrativos, en el área de su competencia, S.E.rán los responsables del suministro en tiempo y forma de la información requerida por el comité ejecutivo.

Artículo 55

El organismo de contralor externo velará por el estricto cumplimiento de las normas del presente capítulo, quedando a cargo del mismo la observación de los actos que contravengan las disposiciones de racionalización premencionadas.

Capítulo III - De la Política S.a.larial
Artículo 56

Las autoridades máximas de cada uno de los entes consignados en el artículo 21 del Decreto 435/1990, cuyo personal S.E. encuentre comprendido en convenciones colectivas de trabajo, deberán proceder a instruir a los responsables que representen al Estado en las negociaciones S.A.lariales con vigencia a partir del mes de agosto de 1990 y de acuerdo con las pautas que a continuación S.E. determinan.

Artículo 57

La oferta de incremento S.A.larial a proponer en el S.E.no de las Comisiones Paritarias con vigencia a partir del 1 de agosto de 1990 no deberá exceder por todo concepto el porcentaje de incremento S.A.larial determinado para la Administración Pública Nacional. Dicha oferta de incremento S.A.larial podrá S.E.r establecida en términos directos o a través de la redistribución de su costo.

Artículo 58

Igual criterio que el determinado en el artículo anterior S.E. S.E.guirá con el incremento S.A.larial para el personal fuera de convenio, el que no podrá S.E.r superior al que S.E. establezca para el personal comprendido en convenciones colectivas.

Artículo 59

En ningún caso podrán ofertarse incrementos basados en estimaciones de atrasos S.A.lariales registrados en períodos anteriores.

Artículo 60

Los acuerdos que S.E. realicen deberán responder, bajo certificación del interventor o máxima autoridad responsable del ente de que S.E. trate, a la situación económico - financiera y a las características del gasto, debiendo básicamente S.E.r compatibles con las posibilidades de caja.

En todos los casos S.E. procurará establecer como manco de los acuerdos resultantes condiciones de institucionalización y regulación de conflictos de tal modo que quede garantizado, por un lado, el buen funcionamiento y continuidad de los S.E.rvicios públicos y, por otro lado, la permanencia de la paz laboral.

Artículo 61

Las autoridades máximas de cada organismo comprendido en los términos del presente capítulo, no podrán efectuar pagos en conceptos retributivos fuera de los pactados, dictaminados favorablemente paría COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA S.A.LARIAL DEL S.E.CTOR PUBLICO y homologados por el MINISTERIO DE TRABAJO Y S.E.GURIDAD SOCIAL, en el marco de las negociaciones de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Artículo 62

La COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA S.A.LARIAL DEL S.E.CTOR PUBLICO S.E.rá el organismo de interpretación de las disposiciones S.A.lariales establecidas en el presente capítulo y dictaminará, en los términos y con los alcances de la Ley 18753. El dictamen favorable de la misma S.E.rá requisito previo para la homologación de los acuerdos de que S.E. trate.

Artículo 63

Deróganse los artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto 1496/1990.

Capítulo IV - De los Convenios Colectivos de Trabajo
Artículo 64

El MINISTERIO DE TRABAJO Y S.E.GURIDAD SOCIAL dispondrá la inmediata iniciación de las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo por parte de las comisiones negociadoras correspondientes a empresas y sociedades del Estado, sociedades de economía mixta o con participación estatal mayoritaria, y toda otra entidad en la que el Estado tenga el carácter de empleador y cuyo personal S.E. halle actualmente regido por convenios colectivos de trabajo.

A tal efecto, el MINISTERIO DE TRABAJO Y S.E.GURIDAD SOCIAL, en su carácter de autoridad de aplicación programará el desarrollo de las negociaciones, fijando las fechas en que deberán dar inicio a su actividad las comisiones negociadoras constituidas o a constituirse.

Artículo 65

A partir de la fecha de inicio de las negociaciones, la representación del Estado empleador deberá concluir su cometido en un término máximo de NOVENTA (90) días. Vencido dicho plazo sin haberse arribado a un acuerdo, la representación estatal deberá elevar un informe dentro de los DIEZ (10) días subsiguientes al MINISTERIO DE ECONOMIA conteniendo un resumen de las negociaciones. los puntos en discusión, las fórmulas de solución propuestas y los criterios de cada parte.

En esta instancia, el MINISTERIO DE ECONOMIA podrá ampliar el plazo de negociación por VEINTE (20) días a petición de parte.

De no arribarse a un acuerdo, el PODER EJECUTIVO NACIONAL arbitrará la medidas que S.E. aseguren el cumplimiento de lo establecido por el artículo 44 de la Ley 23697.

Artículo 66

Atento la finalidad específica de las presentes negociaciones de promover la eficiencia y productividad laboral en empresas y organismos del S.E.ctor público, la representación del Estado empleador deberá dar tratamiento prioritario a aspectos referidos a ordenamiento de la escala y estructura S.A.larial, revisión del contenido de primas y bonificaciones: régimen del empleo, sistemas de incorporaciones y promociones de personal, régimen de licencias, niveles de ausentismo, jornadas de trabajo y horarios extraordinarios; ordenamiento del gasto social, beneficios, contribuciones y subsidios a cargo del empleador, mecanismos de prevención y solución de conflictos y regímenes de jubilación anticipada y retiro del personal.

Asimismo la negociación deberá extenderse al conjunto de normas o prácticas que resulten de aplicación efectiva a las relaciones de trabajo, S.E.an o no de naturaleza convencional, a fin de procurar su integración y sistematización en el marco do la nueva Convención Colectiva.

Artículo 67

Transitoriamente y hasta tanto S.E. formalicen los nuevos convenios colectivos, dejarán de tener efectos aquellas cláusulas convencionales, actas acuerdos o todo acto normativo que establezcan condiciones laborales distorsivas de la productividad o que impidan o dificulten el normal ejercicio del poder de dirección y administración empresario, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de contrato de trabajo, tales como:

a) Cláusulas de ajuste automático de S.A.larios o viáticos.

b) Pago de contribuciones y subsidios para fines sociales, no establecidos expresamente en la legislación vigente.

c) Normas que impongan el mantenimiento de dotaciones mínimas.

d) Normas que limiten o condicionen las incorporaciones o promociones del personal a requisitos ajenos a la idoneidad, competencia o capacidad de los trabajadores.

e) Cláusulas o normas que incluyan a niveles gerenciales o de conducción superior en el ámbito de aplicación de los convenios colectivos de trabajo.

f) Regímenes de estabilidad propia.

Artículo 68

En el plazo de DIEZ (10) días hábiles los máximos responsables de las empresas o entidades comprendidas deberán elevar al MINISTERIO DE ECONOMIA un informe de las cláusulas y normas alcanzadas por el artículo 67 para su análisis y aprobación. Este plazo S.E. computará a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.

Cumplido este requerimiento, cada empresa o ente elevará al MINISTERIO DE TRABAJO Y S.E.GURIDAD SOCIAL, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, la nómina y contenido de las cláusulas y normas referidas, solicitando S.E. corra vista a la entidad sindical.

La entidad sindical tendrá un plazo de CINCO (5) días para formular las observaciones que considere pertinentes.

En caso de desacuerdo de la parte sindical, el MINISTERIO DE TRABAJO Y S.E.GURIDAD SOCIAL deberá laudar en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas conforme lo dispone la artículo de la Ley 23126 de las Leyes Nros. 14250, 23546 y normas aplicables.

En el caso de inactividad por parte de la entidad gremial, S.E. tendrá por consentida la suspensión de las cláusulas contenidas en la vista.

Artículo 69

Los interventores, administradores o funcionarios a cargo de la dirección de las empresas o entidades estatales S.E.rán responsables de la conducción y gestión directa de las tratativas, debiendo ajustar su cometido a las disposiciones del presente Decreto y a las instrucciones que les imparta el MINISTERIO DE ECONOMIA.

Artículo 70

La COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA S.A.LARIAL DEL S.E.CTOR PUBLICO dictaminará, en los términos y con los alcances de la ley N18753. El dictamen favorable de la misma S.E.rá requisito previo para la homologación de los acuerdos de que S.E. trate.

Capítulo V - De las Empresas Públicas
Artículo 71

Sustitúyese el artículo 58 del Decreto 435/1990, por el siguiente texto:

Artículo 58

Transfiérese al MINISTERIO DE ECONOMIA, la dirección, conducción y administración económico financiera de las empresas del Estado, sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, entidades autárquicas y S.E.rvicios de cuentas especiales pertenecientes a la jurisdicción del Ministerio de Defensa, excepto aquellas que configuran destinos militares. Respecto de las empresas que por constituir destino militares permanezcan en el Ministerio de Defensa, el MINISTERIO DE ECONOMIA tendrá autoridad para la aprobación de sus presupuestos económicos y financieros, política S.A.larial, de compras e inversiones y de comercialización, pudiendo requerir en forma directa o a través de los organismos de fiscalización externa la información que resulte necesaria e impartir instructivos de cumplimiento obligatorio en materia presupuestaria y de las políticas más arriba detalladas.

El Ministerio de Defensa conservará competencia exclusiva respecto de los entes mencionados en el presente artículo en los siguientes aspectos:

1) Privatizaciones.

2) Elección e implementación del Programa de Propiedad Participada para las privatizaciones.

3) Dictado de las medidas para la protección del trabajador en los procesos de privatización.

4) Régimen de concesiones".

Artículo 72

Los distintos fondos con destino específico afectados a los entes que S.E. transfieren por el artículo anterior, S.E.rán asignados por la SUBSECRETARIA DE EMPRESAS PUBLICAS del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Artículo 73

Sustitúyese el artículo 59 del Decreto 435/1990, por el siguiente texto:

Artículo 59

Transfiérese al MINISTERIO DE ECONOMIA la dirección, conducción y administración financiera de las empresas del estado, sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, entidades autárquicas y S.E.rvicios de cuentas especiales pertenecientes a la jurisdicción del MINISTERIO DE OBRAS Y S.E.RVICIOS PUBLICOS, quien conservará, sin perjuicio de sus competencias para fijar las políticas S.E.ctoriales que le asigna la ley de ministerios, competencia exclusiva respecto de los entes premencionados, a los fines de la reforma del Estado, en los siguientes aspectos:

1) Privatizaciones.

2) Elección e implementación del programa de propiedad participada para las privatizaciones.

3) Dictado de las medidas para la protección del trabajador en los procesos de privatización.

4) Régimen de concesiones.

El MINISTERIO DE OBRAS Y S.E.RVICIOS PUBLICOS tendrá también competencia exclusiva a los fines de la reforma del Estado, Ley 23696, sobre la Empresa SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES.

Artículo 74

El MINISTERIO DE ECONOMIA Tendrá competencia exclusiva con intervención del MINISTERIO DE OBRAS Y S.E.RVICIOS PUBLICOS, para resolver sobre los siguientes aspectos relacionados con las empresas privatizadas y a privatizar, incluidas en el anexo I de la Ley 23696:

a) Deudas vencidas y a vencer al momento de la adjudicación.

b) Reconocimiento de créditos.

c) Renegociaciones y rescisiones de todo tipo de contratos.

Artículo 75

Transfiérese la SUBSECRETARIA del MINISTERIO DE OBRAS Y S.E.RVICIOS PUBLICOS a la jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMIA con sus asignaciones presupuestarias, plantas de personal y funciones, exceptuándose respecto de estas últimas las relacionadas con la reforma y transformación del Estado de conformidad con lo fijado en el presente Decreto.

Artículo 76

Los entes referidos en el artículo 13 del presente Decreto, con excepción de los bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales, deberán elevar a consideración del MINISTERIO DE ECONOMIA, en un plazo de CUARENTA (40) días de la fecha de publicación del presente Decreto, el proyecto de presupuesto para el ejercicio 1990, a los efectos de su aprobación. Para ello el MINISTERIO DE ECONOMIA, con la intervención de la SUBSECRETARIA DE EMPRESAS PUBLICAS, impartirá las instrucciones necesarias para la presentación de los proyectos de presupuestos teniendo en cuenta las disposiciones vigentes sobre reducción de gastos, en el marco de las metas fiscales previstas para el corriente año.

Artículo 77

El plazo establecido en el artículo anterior es improrrogable. Vencido el mismo queda facultado el MINISTERIO DE ECONOMIA, por intermedio de la SUBSECRETARIA DE EMPRESAS PUBLICAS a elevar al PODER EJECUTIVO el proyecto de Decreto aprobando el presupuesto para el ejercicio 1990 de aquellos entes que no cumplieren con dicho plazo, el cual deberá S.E.r compatible con el esquema fiscal previsto.

Artículo 78

Sin perjuicio de la aprobación de los respectivos presupuestos anuales, el MINISTERIO DE ECONOMIA, con la intervención de la SUBSECRETARIA DE EMPRESAS PUBLICAS, aprobará mensualmente a partir del mes de octubre de 1990, el presupuesto económico y el presupuesto de caja que deberán cumplir los entes mencionados en el artículo 76, los cuales deberán S.E.r compatibles con los presupuestos anuales S.A.ncionados. Para ello, los entes deberán considerar que los ingresos y aportes por todo concepto tendrán que S.E.r mayores que el total de erogaciones operativas (excluidos intereses de deuda), de forma tal que el superávit operativo S.E.a igual o mayor que los S.E.rvicios de la deuda (interna y externa), a atender en el período.

Artículo 79

Los entes mencionados en el artículo 76 deberán ejecutar sus presupuestos económicos y de caja que S.E. aprueben oportunamente de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Los períodos a considerar S.E.rán mensuales.

b) S.E. deberá cumplir con el superávit operativo establecido en el artículo anterior para la aprobación de los presupuestos económico y de caja, de forma tal que cualquier disminución en los ingresos y aportes totales respecto de los previstos, determinará ajustes en las erogaciones operativas.

c) Los entes alcanzados por este artículo deberán informar sobre la ejecución mensual en un plazo no mayor de QUINCE (15) días de finalizado cada mes, a la SUBSECRETARIA DE EMPRESAS PUBLICAS previa intervención de los síndicos destacados en cada empresa.

Artículo 80

Prorrógase el régimen del artículo 28 de la Ley 23697 hasta el 31 de diciembre de 1991, en los porcentajes vigentes desde abril de 1990.

El fondo único establecido en el mencionado artículo 28 S.E.rá asignado por el MINISTERIO DE OBRAS Y S.E.RVICIOS PUBLICOS con intervención del MINISTERIO DE ECONOMIA, a obras de infraestructura y también para los fines de la Reforma del Estado y privatizaciones.

Capítulo VI - De la Política Monetaria
Artículo 81

El Banco Central de la República Argentina Argentina deberá exigir la cancelación antes del 1 de diciembre de 1990 de las deudas a favor de entidades financieras liquidadas por dicha autoridad monetaria.

Asimismo, deberá solicitar la declaración de quiebra de aquellas deudores que habiendo sido intimados al pago no cumplieran con ello antes del 1 de noviembre de 1990.

Artículo 82

El Banco Central de la República Argentina Argentina deberá instruir a las entidades financieras correspondientes a fin de que las mismas no computen a partir del 1 de noviembre de 1990 en la integración de sus efectivos mínimos, los importes que abonen a jubilados y pensionados y que les adeude la SUBSECRETARIA DE ACCION SOCIAL del MINISTERIO DE S.A.LUD Y ACCION SOCIAL.

Artículo 83

Facúltase al Banco Central de la República Argentina Argentina para que, en su carácter de síndico en la quiebra de entidades financieras, requiera a los jueces de la causa la designación de un sindico liquidador, a los efectos de la venta de los activos, en los términos del artículo 277 de la Ley 19551. El régimen de coordinación de la sindicatura plural en los términos del presente artículo podrá S.E.r dispuesto por el juez de la causa.

Artículo 84

A partir del 1 de octubre de 1990 las entidades financieras oficiales nacionales que hubieren otorgado créditos con avales de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, deberán arbitrar todos los medios judiciales y extrajudiciales conducentes a recuperar la cartera de tales préstamos, no pudiendo reclamar a la citada Subsecretaría los avales por ella otorgados hasta tanto no haber agotado dichas instancias contra el deudor, incluido su pedido de quiebra.

Capítulo VII - Del Régimen de la Consolidación de Deudas
Artículo 85

Las deudas emergentes de la provisión de bienes y S.E.rvicios, locaciones, obras, concesiones, permisos y de todo otro contrato similar que S.E. encuentren devengadas al 31 de marzo de 1990, así como también sus refinanciaciones, S.E.rán consolidadas a esa fecha.

Sólo S.E. reconocerán indexaciones en los respectivos contratos y actas acuerdos y otras modalidades convencionales hasta la concurrencia con el índice de precios mayoristas nivel general que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS con más un interés del OCHO POR CIENTO (8%) anual.

Artículo 86

A los efectos de la cancelación de las deudas consolidadas conforme al artículo precedente, S.E. entregarán títulos de la deuda pública a su valor nominal al 31 de mazo de 1990 con las características y condiciones que S.E. establecen en los artículos siguientes.

Artículo 87

Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA para disponer la emisión en una o varias S.E.ries del BONO DE CONSOLIDACION DE DEUDA referido en el artículo anterior por intermedio del Banco Central de la República Argentina Argentina en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, tendiente a cancelar la deuda consolidada.

El referido título tendrá las siguientes características:

a) Fecha de emisión: 31 de marzo de 1990.

b) Plazo: DIEZ (10) años.

c) Amortización: S.E. efectuará en TREINTA Y CINCO (35) cuotas trimestrales y sucesivas equivalentes las TREINTA Y CUATRO (34) primeras al 2, % y UNA (1) última al 1, % del monto emitido y ajustado de acuerdo a lo previsto en el inciso d) siguiente, venciendo la primera cuota a los DIECIOCHO (18) meses de la fecha de emisión.

d) Cláusula de Ajuste: Indice de precios mayorista nivel general INDEC o el que lo reemplace.

e) Tasa de Interés: Devengará una tasa de interés del UNO POR CIENTO (1%) nominal mensual aplicable sobre el capital ajustado.

Los intereses S.E. pagarán juntamente con las cuotas de amortización.

f) Exenciones Tributarias: Los intereses y actualizaciones provenientes de estos valores, están exentos del impuesto a las ganancias, S.A.lvo respecto de sujetos que practiquen ajustes por inflación.

Artículo 88

Los S.E.rvicios financieros de los títulos emitidos conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, S.E. imputarán a la jurisdicción 90 - S.E.RVICIO DE LA DEUDA PUBLICA en los respectivos ejercicios.

Artículo 89

En los casos que S.E. apliquen títulos para la cancelación de deudas que presupuestariamente no estuviera previsto su financiamiento con fondos del TESORO NACIONAL, los respectivos entes restituirán a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION los importes que irroguen la atención de los S.E.rvicios financieros de los títulos cuya emisión S.E. dispone por el presente Decreto.

En estos casos, queda facultada la SUBSECRETARIA DE HACIENDA para establecer la metodología de actualización a aplicar a los montos atendidos por el TESORO NACIONAL que no fueran reintegrados en término por los organismos responsables.

Artículo 90

Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA para establecer cuando las circunstancias así lo aconsejen, excepciones a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 91

El régimen previsto en el presente capítulo es de aplicación obligatoria en la administración central, cuentas especiales, empresas del Estado, organismos descentralizados, entidades binacionales por la parte que le corresponde al Estado Nacional y el sistema de S.E.guridad social.

Artículo 92

Los titulares de los entes comprendidos en el presente régimen deberán dar estricto cumplimiento a las pautas contenidas en el mismo, y S.E.rán responsables de los perjuicios que pudieran ocasionar al Estado Nacional en cuyo caso S.E.rán pasibles de las S.A.nciones establecidas en el artículo 248 y siguientes del Código Penal. El TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS deberán controlar la aplicación de las normas del presente y denunciar su incumplimiento.

Artículo 93

Deróganse los Decretos Nros. 1618, 1619, 1620 y 1621 de fecha 12 de S.E.tiembre de 1986.

Artículo 94

La consolidación de deudas prevista en el presente capítulo S.E.rá de aplicación a las deudas por mora originadas en las actas acuerdo celebradas dentro del marco normativo regido por los Decretos mencionados en el artículo anterior. Sólo S.E. considerarán incluidas en tal consolidación las deudas correspondientes a actas acuerdo que S.E. hayan firmado hasta la fecha de vigencia del presente Decreto.

Artículo 95

El MINISTERIO DE ECONOMIA, por intermedio de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA, S.E.rá autoridad de aplicación e interpretación del presente capítulo, pudiendo emitir certificados provisorios representativos de los BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDA hasta tanto S.E. encuentren disponibles las láminas pertinentes y quedará facultado para dictar las normas reglamentarias y complementarias que S.E.an necesarias.

Capítulo VIII - De las Deudas y Créditos del S.e.ctor Público
Artículo 96

Dispónese el inmediato relevamiento y control de las deudas y créditos que el Estado Nacional mantenga con los particulares al 30 de junio de 1990 con las características que S.E. establecen en el presente capítulo.

Artículo 97

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION tomará intervención a los fines de la recepción, clasificación, control y supervisión de la información derivada del relevamiento establecido. El TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS brindarán a dicho organismo la colaboración que el mismo solicite, a los fines de cumplir su cometido.

Artículo 98

Quedan comprendidos en este régimen todos los entes mencionados en el artículo 1 de la Ley 23696, y todos los particulares, entendiéndose por tales a toda persona física o de existencia ideal, titular de débitos y/o créditos referidos a dichos entes y por cualquier título que S.E.a.

Artículo 99

Todo particular titular de créditos o deudas con los organismos estatales determinados en el artículo 98 del presente Decreto, así como la totalidad de los proveedores, contratistas, concesionarios y permisionarios del Estado Nacional, deberá presentar con carácter de declaración jurada, el monto de dichas deudas o acreencias al 30 de junio de 1990, o, en su caso, la inexistencia de tales vínculos, que a la fecha de su presentación no S.E. hallen S.A.ldados y en los términos que al efecto establezca la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

Artículo 100

Establécese que una vez dictadas las respectivas instrucciones e implementado el relevamiento ordenado, todo proveedor o contratista del Estado deberá acreditar con carácter previo a su intervención en los procedimientos de contrataciones estatales o en todo trámite que requiera la intervención por cualquier título de los organismos detallados en el artículo 98 del presente Decreto, el cumplimiento de aquéllas, en los plazos fijados. La inobservancia de este requisito considerado esencial para la iniciación de todo trámite ante dichos organismos implicará el rechazo automático de sus pretensiones, así como de su participación como proveedor y/o contratista del Estado en los correspondientes procedimientos contractuales.

Capítulo IX - De las Transacciones
Artículo 101

El tratamiento de las propuestas transaccionales por parte de las comisiones asesoras creadas por los incisos a) y b) del artículo 55 del reglamento aprobado por Decreto 1105/1989, quedará condicionado a la existencia previa de S.E.ntencias judiciales o laudos arbitrales firmes, que condenen al Estado nacional o a sus entes descentralizados al pago de sumas de dinero.

Artículo 102

A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, las propuestas formuladas en procesos judiciales o laudos arbitrales sin S.E.ntencia firme y en los casos previstos en el artículo 56 "in fine" de la Ley 23696, S.E.rán sometidas a consideración de la comisión asesora de transacciones creada por el inciso d) del artículo 55 de la reglamentación aprobada por Decreto 1105/1989, la que lo analizará únicamente en el supuesto de clara verosimilitud del derecho invocado por el reclamante. A tal efecto, el órgano superior del ente, empresa o sociedad, la jefatura de los estados mayores generales de las Fuerzas Armadas, o el ministro o S.E.cretario de la PRESIDENCIA DE LA NACION, remitirá las actuaciones a la comisión asesora de transacciones creada en la órbita de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Artículo 103

Los acuerdos transaccionales que S.E. celebren a partir de la fecha del presente Decreto, conforme con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 23696, deberán S.E.r S.A.ldados en todos los casos con los títulos de la deuda pública cuya emisión S.E. dispone en el artículo siguiente, a su precio técnico (valor nominal ajustado más interesas corridos), S.A.lvo que S.E. convengan condiciones más favorables para el Estado y los entes enumerados en el artículo 1 de la Ley 23696, lo que deberá S.E.r expresamente fundado por el organismo proponente y contar con la conformidad de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

Artículo 104

Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA para disponer la emisión en una o varias S.E.ries de UN (1) BONO DE CANCELACION DE DEUDAS por intermedio del Banco Central de la República Argentina Argentina en su carácter de agente financiero del Gobierno Nacional, a los fines de su aplicación a la cancelación de las deudas emergentes de las transacciones previstas en el artículo 55 de la Ley 23696, quedando asimismo facultado para dictar las normas reglamentarias y complementarias, que S.E.an necesarias, pudiendo emitir certificados provisorios representativos de los BONOS DE CANCELACION DE DEUDA.

El referido título tendrá las siguientes características:

a) Fecha de emisión: a determinar por la autoridad de aplicación.

b) Plazo: DIEZ (10) años.

c) Amortización: S.E. efectuará en TREINTA Y CINCO (35) cuotas trimestrales y sucesivas equivalentes las TREINTA Y CUATRO (34) primeras al 2, % y una última al 1, % del monto emitido y ajustado de acuerdo a lo previsto en el inc d) siguiente, venciendo la primera cuota a los DIECIOCHO (18) meses de la fecha de emisión.

d) Cláusula de ajuste: Indice de precios mayorista nivel general INDEC o el que lo reemplace.

e) Tasa de interés: devengará una tasa de interés del UNO POR CIENTO (1%) nominal mensual aplicable sobre el capital ajustado.

f) Exenciones tributarias: los intereses y actualizaciones provenientes de estos valores están exentos del impuesto a las ganancias, S.A.lvo respecto de sujetos que practiquen ajustes por inflación.

g) Negociación: S.E.rán cotizables en las bolsas y mercados del país.

Artículo 105

Los S.E.rvicios financieros emitidos conforme lo dispuesto en el artículo precedente S.E. imputarán a la jurisdicción 90-SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA en los respectivos ejercicios.

Artículo 106

En los casos que S.E. apliquen títulos para la cancelación de deudas que presupuestariamente no estuviera previsto su financiamiento con fondos del Tesoro Nacional, los respectivos entes restituirán a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION los importes que irroguen la atención de los S.E.rvicios financieros de los títulos cuya emisión S.E. dispone por el presente Decreto.

En esos casos queda facultada la SUBSECRETARIA DE HACIENDA para establecer la metodología de actualización a aplicar a los montos atendidos por el Tesoro Nacional que no fueran reintegrados en término por los organismos responsables.

Artículo 107

Sustitúyese el inciso h) del artículo 55 del reglamento aprobado por Decreto 1105/1989 por el siguiente texto:

h) En todos los casos y con carácter previo a la suscripción del acuerdo transaccional, copia del proyecto de éste juntamente con las actuaciones que fueren pertinentes, S.E.rán girados a fa SUBSECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA para que S.E. expida sobre la forma y modalidades de pago previstas, de conformidad con la correspondiente programación de pagos de acuerdo a las efectivas posibilidades del Tesoro de la Nación".

Artículo 108

Incorpórase al inciso j) del artículo 55 del reglamento aprobado por Decreto 1105/1989 el siguiente párrafo:

A los efectos de dar cumplimiento a lo aquí establecido, las comisiones asesoras de transacciones creadas por el presente artículo deberán exigir de los particulares una declaración jurada en la que conste la no existencia de deudas de éstos con los bancos oficiales, la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, la DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL y la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS, copia de las cuales deberán remitirse al MINISTERIO DE ECONOMIA conforme lo estipula el primer párrafo de este inciso".

Artículo 109

Las propuestas transaccionales en trámite a la fecha del presente, deberán adecuar las formas y modalidades de pago a lo dispuesto en el artículo 103 y, de así corresponder, deberán S.E.r remitidos a la Comisión Asesora de Transacciones actuante en jurisdicción de la Procuración del Tesoro de la Nación, conforme a lo dispuesto por el artículo 102 del presente Decreto.

Las propuestas transaccionales que a la fecha del presente S.E. encuentren en trámite ante la Comisión Asesora creada por el inciso d) del artículo 55 del Reglamento aprobado por Decreto 1105/1989, continuarán sus trámites ante la misma.

Los acuerdos transaccionales que a la fecha del presente Decreto S.E. encuentren concluidos o con principio de ejecución, mantendrán su plena vigencia.

Capítulo X - Del Régimen de los Combustibles
Artículo 110

A partir del mes correspondiente a la fecha de vigencia del presente Decreto a los efectos del cálculo de las regalías petrolíferas y gasíferas, establecidas por los artículos 59 y 62 de la Ley 17319, el valor "Boca de Pozo" del petróleo y gas natural tomará como referencia los precios vigentes para las ventas en el mercado local.

Artículo 111

La Autoridad de Aplicación procederá a descontar del "precio de referencia" dispuesto en el artículo anterior los gastos incurridos por el productor para colocar el petróleo, y el gas natural en condiciones de comercialización, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1671/209de abril de 1969.

Artículo 112

YACIMIENTO PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO liquidará a favor de las Provincias, en concepto de regalías de petróleo y gas natural, el DOCE POR CIENTO (12%) de los valores resultantes de la aplicación de los artículos precedentes.

Artículo 113

Quedan en suspenso a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto la aplicación de los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 23697 hasta tanto lo disponga el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Artículo 114

Redúcense en la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, las alícuotas establecidas en el primer artículo incorporado a continuación del artículo 51, por el punto 1 del artículo 43 de la Ley 23549 de la siguiente forma: la del VEINTICUATRO POR CIENTO (24%) al DIECINUEVE POR CIENTO (19%) y la del DIECISIETE (17%) al CATORCE POR CIENTO (14%).

Esta reducción regirá a partir de la vigencia del presente Decreto.

Artículo 115

Los ingresos establecidos para el Fondo de los Combustibles provendrán de la recaudación de los impuestos fijados en los artículos 1 y 4 de la Ley 17597. El Banco de la Nación Argentina acreditará mensualmente al Fondo de los Combustibles las sumas que correspondan S.E.gún lo establecido en el artículo 6 de la precitada ley y a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION el remanente que resultare. En el caso de que lo recaudado fuera insuficiente para cubrir los ingresos previstos en el artículo 6 de la ley citada y en apartado 1 del artículo 2 de la Ley 20073 y sus modificaciones, la acreditación a Fondo de los Combustibles y al Fondo Nacional pan Infraestructura del Transporte deberá reducirse en forma proporcional.

Capítulo XI - Disposiciones Generales
Artículo 116

La inobservancia de las normas del presente Decreto constituirá falta grave de los funcionarios o agentes involucrados y tal conducta podrá dar lugar a la aplicación de las S.A.nciones disciplinarias pertinentes.

Artículo 117

Las disposiciones del presente Decreto, en cuanto S.E.an de competencia, S.E.rán de aplicación obligatoria para la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. A tal efecto, el departamento ejecutivo municipal propondrá la reglamentación pertinente estableciendo las modalidades de tal aplicación. S.E. instruye al gobernador designado por este PODER EJECUTIVO en el TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA e ISLAS DEL ATLANTICO SUR para que proceda a dictar medidas similares a la presente.

Artículo 118

Encomiéndase y facúltase al MINISTERIO DE OBRAS Y S.E.RVICIOS PUBLICOS a concertar con las provincias y la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES las medidas operativas para la materialización de la reforma del Estado de acuerdo a las pautas contenidas en la Ley 23696 en esas jurisdicciones.

Artículo 119

Invítase a los PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA NACION, y a los GOBIERNOS PROVINCIALES y demás jurisdicciones municipales a adoptar dentro de su ámbito medidas de contención y racionalización del gasto similares a las contenidas en el presente.

Artículo 120

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación.

Artículo 121

Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en los aspectos que corresponda.

Artículo 122

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —MENEM.— Antonio E. González. — José R. Dromi. — Julio I. Mera Figueroa. — Alberto J. Triaca. — Humberto Romero.