Decreto 2635/2015

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En virtud de lo resuelto por la corte suprema de justicia de la nación, en los fallos citados en el visto, disponese el cese a la detracción del quince por ciento (15%) de la masa de impuestos coparticipables pactada en la clausula primera del 'acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales' del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley 24130 a la totalidad de las jurisdicciones, en la proporción que les corresponda de acuerdo a la distribución y a los indices fijados en la Ley 23548.

Nota: Abrogado por el artículo 1 del Decreto 73/2016, pagina 1.

Visto

el Expediente N S01:0337142/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y lo resuelto por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, el día 24 de noviembre de 2015, en los autos caratulados CSJ 538/2009 (45-S)/CS1 "Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", CSJ 191/2009 (45-S)/CS1 "San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos", CSJ 786/2013 (49-C) /CS1 "Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ medida cautelar", CSJ 539/2009 (45-S) CS1 "Santa Fe c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y CSJ 1039/2008 (44-S)/CS1 "San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional y otra s/ cobro de pesos".

Considerando

Que mediante las resoluciones consignadas en el Visto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN dispuso la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley 26078 y de los artículos 1, inciso a), y 4 del Decreto 1399/2001.

Que las medidas dispuestas por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN respecto del artículo 76 de la Ley 26078 S.E. refieren sólo a tres Provincias argentinas: Córdoba, S.A.n Luis y S.A.nta Fe.

Que sin embargo, del modo en que han sido dictadas, sus implicancias más temprano que tarde, S.E. deben extender al conjunto de todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que ello está llamado a producir un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la S.E.guridad social, afectando incluso los índices de movilidad jubilatoria, la asistencia a las cajas de regímenes no transferidos, condicionando de ese modo a la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la S.E.guridad social.

Que el artículo 76 de la Ley 26078 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2006, dispuso —en concordancia con los llamados Pactos Fiscales— la prórroga durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la S.A.nción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, de la distribución del producido de los tributos prevista en las Leyes Nos. 24977, 25067 y sus modificatorias, Ley de Impuesto a las Ganancias (T. O. 1997 y sus modificatorias), 24130, 23966 (T. O. 1997 y sus modificatorias), 24464 - artículo 5, 24699 y modificatorias, 25226 y modificatorias y 25239 —artículo 11—, modificatoria de la Ley 24625, y por cinco años los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley 25239.

Que la Ley 26078 fue S.A.ncionada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara del CONGRESO NACIONAL tal como lo prevé el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional, en lo que respecta a las facultades del PODER LEGISLATIVO NACIONAL para realizar asignaciones específicas de tributos coparticipables.

Que la deducción dispuesta por el artículo 76 de la Ley 26078 tiene como antecedente lo pactado en la cláusula Primera del "ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS PROVINCIALES" suscripto el 12 de agosto de 1992, entre el entonces Presidente de la Nación Dr. Carlos MENEM y los Gobernadores y Representantes de las Provincias, que fuera ratificado por la Ley 24130.

Que la referida cláusula estableció que "A partir del 1ro. de S.E.tiembre de 1992, el Estado Nacional queda autorizado a retener un 15 % (quince por ciento), con más una suma fija de $ 43800000 mensual, de la masa de impuestos coparticipables prevista en el artículo 2do. de la Ley 23548 y sus modificatorias vigentes a la fecha de la firma del presente, en concepto de aportes de todos los niveles estatales que integran la Federación para los siguientes destinos: a) El 15 % (quince por ciento) para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios...".

Que asimismo, la Cláusula Octava de dicho Acuerdo dispuso que "El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 1993. Las Provincias y la Nación S.E. comprometen a S.E.guir financiando mancomunadamente el Régimen Nacional de Previsión Social, por lo cual S.E. asegurara el descuento del 15 % de la masa de impuestos coparticipables hasta tanto no exista un nuevo acuerdo de partes o una nueva Ley de Coparticipación Federal. ...".

Que el Acuerdo suscripto en 1992 fue prorrogado sucesivamente mediante diversos Pactos de la misma naturaleza.

Que en tal S.E.ntido, con fecha 12 de agosto de 1993 el ex Presidente Menem suscribió con los Gobernadores y Representantes el denominado PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO, —ratificado por la Ley 24307— en el que las Provincias firmantes y el Estado Nacional —cláusula TERCERA— incluyeron la prórroga de la vigencia del Acuerdo precitado hasta el día 30 de junio de 1995.

Que por la Ley 24699, promulgada por el ex Presidente Menem por el Decreto 1083/1996, S.E. prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1998 el plazo para el cumplimiento del Pacto Federal firmado en 1993.

Que el 6 de diciembre de 1999 los Gobernadores y Representantes de las Provincias y con la presencia de los Dres. Federico Storani y José Luis Machinea, en representación del Gobierno Nacional, suscribieron el COMPROMISO FEDERAL, cuyo artículo Primero dispuso Proponer al Congreso Nacional prorrogar por el plazo de dos años la vigencia de diversas leyes, entre ellas la Ley 24130, siempre que con anterioridad no S.E. S.A.ncionara la Ley de Coparticipación Federal que establece el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Dicho Compromiso Federal fue ratificado por el Congreso Nacional mediante la Ley 25235, que fuera promulgada por el ex Presidente DE LA RUA por el Decreto 191/1999.

Que, en tanto, el 17 de noviembre de 2000, los representantes del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires suscribieron el COMPROMISO FEDERAL POR EL CRECIMIENTO Y LA DISCIPLINA FISCAL, cuyo artículo CUARTO dispuso Proponer al Congreso Nacional prorrogar por el plazo de CINCO años la vigencia de distintas normas, entre las cuales S.E. encuentra la precitada Ley 24130, siempre que con anterioridad no S.E. S.A.ncionara la Ley de Coparticipación Federal que establece el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Dicho Compromiso Federal fue ratificado por el Congreso Nacional mediante la Ley 25400.

Que, en ese marco, S.E. estructuró el financiamiento de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA S.E.GURIDAD SOCIAL, con sustento en los acuerdos celebrados por el ESTADO NACIONAL, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de previsión social en todo el territorio nacional.

Que el Sistema Previsional Argentino S.E. financia en un QUINCE POR CIENTO (15%) con los fondos provenientes de la masa de recursos coparticipables cuya detracción fue prorrogada por la Ley 26078, siendo también aplicados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA S.E.GURIDAD SOCIAL (ANSeS) a fin de afrontar las cajas provinciales transferidas, la asistencia a las cajas provinciales no transferidas y a otras prestaciones de la S.E.guridad social.

Que la percepción del 15% de la masa de recursos brutos coparticipables por parte de la ANSES proyectada para el año 2015, asciende a la suma de $ 98182 millones sobre un total de $ 638664 millones, representando un 15% de los recursos totales del organismo, poniéndose de manifiesto con lo expuesto la magnitud de la incidencia de los ingresos involucrados.

Que, conforme lo ha sostenido la Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Pública debe ajustar su conducta a los lineamientos doctrinarios establecidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, absteniéndose de cuestionarlos o de entrar en polémica con ellos, aún cuando no comparta su contenido, principio que S.E. funda en la jerarquía del Tribunal, el carácter definitorio y último de sus S.E.ntencias respecto de la interpretación y aplicación del derecho y la necesaria armonía en el comportamiento de los distintos órganos del Estado (Dictámenes 179:75; 194:131; 233:278; 237:438 entre otros).

Que, en consecuencia, el estricto cumplimiento de las precitadas decisiones judiciales de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, trae aparejado dos consecuencias inexorables, desde lo jurídico y desde lo económico, ya que sólo resolvió sobre tres casos concretos. Desde lo jurídico colocan en situación de desigualdad al resto de las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, produciendo una palmaria inequidad entre los Estados Provinciales, contrario al más elemental principio de igualdad ante la justicia, consagrado por la Constitución Nacional y el SISTEMA FEDERAL REPRESENTATIVO Y REPUBLICANO, consagrado en el artículo 16 y 1, respectivamente, de la Constitución Nacional por lo cual debe S.A.lvaguardarse dicha situación. Y desde lo económico: de no preverse una decisión rápida que impida la continuidad de la detracción declarada inconstitucional, S.E. incrementarían los montos adeudados con más sus intereses al resto de las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, genera

ndo una sustancial y profunda modificación en el régimen de coparticipación federal de impuestos, ocasionando a la vez el desfinanciamiento de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA S.E.GURIDAD SOCIAL.

Que, ante la situación planteada, y no habiéndose S.A.ncionado aún desde el 22 de agosto de 1994 la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75 inciso 2 y la Disposición Transitoria S.E.xta de la Constitución Nacional, resulta necesario adoptar medidas urgentes, haciendo extensivo a la totalidad de las restantes jurisdicciones el cese a la detracción del QUINCE POR CIENTO (15%) de la masa de impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera del "ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS PROVINCIALES" del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley 24130, en la proporción que le corresponda de acuerdo a la distribución y a los índices fijados en la Ley 23548.

Que es de estricta justicia para con el conjunto de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires extender los efectos de los fallos al conjunto de ellas, en pleno acatamiento a la decisión de la CSJN y previendo además la debida protección al sistema para que no S.E. resientan las prestaciones que tiene a su cargo, mientras tanto S.E. discuta un nuevo régimen federal que suplante al actual.

Que va de suyo los argumentos de la CSJN permiten suponer su extensión a cuantas Provincias reclamantes S.E. presenten y en el menor tiempo posible, por lo que es necesario evitar pleitos, gastos y la producción de intereses que compensen las demoras.

Que el mejor modo de componer la situación consiste en dejar inmediatamente sin efecto las detracciones, previendo la sustitución del financiamiento con otro de origen nacional exclusivo hasta que S.E. rediscutan los términos de un nuevo régimen.

Que por todo lo expuesto, teniendo en cuenta las consecuencias que podría traer aparejado continuar aplicando las detracciones referidas precedentemente, así como los efectos que podría causar el desfinanciamiento de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA S.E.GURIDAD SOCIAL, resulta urgente adoptar las medidas que S.E. propician, tornándose imposible S.E.guir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la S.A.nción de las leyes.

Que resulta necesario que las detracciones dejen de aplicarse desde el primer día hábil del mes inmediato posterior a los fallos de la CSJN, por lo que la vigencia del presente S.E. establecerá desde la fecha misma de su publicación en el Boletín Oficial.

Que no teniendo la CSJN capacidad legisferante, estando constreñida al caso concreto, no es de esperar de ella el dictado de una medida de carácter general que repare la situación, debiendo actuarse con la suficiente celeridad como para evitar incrementos en la litispendencia, los daños y el probable incremento de costos.

Que la sustitución del financiamiento previsto, manteniendo el nivel del recurso pero cambiando la fuente de financiamiento —que deberá tener en cuenta los montos que ingresaron por el concepto actual o el que lo sustituya— posibilitará que los índices de movilidad no S.E. resientan ya que cada peso no detraído S.E. reemplazará por otro proveniente de rentas generales del orden nacional.

Que por este camino S.E. trata de preservar el conjunto de las prestaciones que componen un complejo y completo sistema de S.E.guridad social.

Que, asimismo, la declaración de inconstitucionalidad por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION de los artículos 1 inciso a) y 4 del Decreto 1399/2001, dictado por el entonces Presidente de la Nación, Dr. Fernando DE LA RUA, en ejercicio de facultades delegadas por la Ley 25414, produce el desfinanciamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Que el artículo 1 del Decreto 1399/2001 estableció que los recursos de la Administración Federal de Ingresos Públicos estarían conformados, entre otros, por "a) Un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal S.E. encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo siguiente. Para el ejercicio correspondiente al año 2002 dicha alícuota S.E.rá del DOS COMA S.E.TENTA Y CINCO POR CIENTO (2, 5%) y S.E. reducirá anualmente en CERO CUATRO CENTESIMOS POR CIENTO (0, 4%) no acumulativo durante los TRES (3) ejercicios siguientes. A partir del cuarto ejercicio, el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá revisar dichos porcentajes...".

Que el artículo 4 del Decreto 1399/2001 dispuso, a su vez, que la Administración Federal de Ingresos Públicos retendría las sumas resultantes de la aplicación del inciso a) del artículo 1 mencionado, de la cuenta recaudadora del impuesto de la Ley 23349 (t.o 1997) en la parte correspondiente al inciso b) del artículo 52 de dicha ley, siendo titular de los recursos enumerados en el artículo anterior, como contraprestación de los S.E.rvicios que presta, recursos que no podrán S.E.r afectados por ningún Poder del Estado.

Que los artículos 1, inciso a), y 4 del Decreto 1399/2001 —el que tal como S.E. S.E.ñalara, ha sido dictado en ejercicio de facultades específicamente delegadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION mediante la S.A.nción de la Ley 25414—, establecen una deducción de recursos coparticipables equivalente en la actualidad al 1, 0% de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros cuya recaudación S.E. encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Que, asimismo, y ante la desigualdad que S.E. produciría respecto de las restantes jurisdicciones no comprendidas en las resoluciones de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, corresponde disponer que la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá cesar de retener, de la cuenta recaudadora del impuesto de la Ley 23349, el porcentual resultante de la aplicación del Decreto 1399/2001 que a cada jurisdicción le asigna la Ley 23548.

Que en virtud de ello, resulta necesario recurrir al remedio constitucional establecido en el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, en el marco del uso de las facultades regladas en la Ley 26122, atento que no S.E. vulnera la limitación constitucional del referido artículo en materia tributaria.

Que la Ley 26122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley 26122 dispone que las Cámaras S.E. pronuncien mediante S.E.ndas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los Decretos deberá S.E.r expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que el presente acto S.E. dicta en virtud de las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la Constitución Nacional y conforme lo dispuesto por los artículos 2, 19 y 20 de la Ley 26122.

Decreto

Artículo 1

En virtud de lo resuelto por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en los fallos citados en el Visto, dispónese el cese a la detracción del QUINCE POR CIENTO (15%) de la masa de impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley 24130 a la totalidad de las jurisdicciones, en la proporción que les corresponda de acuerdo a la distribución y a los índices fijados en la Ley 23548.

Artículo 2

En virtud de lo resuelto por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en los fallos citados en el Visto, dispónese que la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá cesar la retención de la cuenta recaudadora del impuesto de la Ley 23349 a la totalidad de las jurisdicciones, del porcentual resultante de la aplicación del Decreto 1399/2001 que a cada una de ellas le asigna la Ley 23548.

Artículo 3

Ordénase al TESORO NACIONAL, con cargo a Rentas Generales, cubrir una suma equivalente a las sumas que S.E. dejen de detraer por la medida dispuesta en el Artículo 1, las que S.E.guirán siendo tenidas en cuenta como referencia a los fines de la movilidad dispuesta por la Ley 26417.

Artículo 4

Instrúyese al MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

Artículo 5

La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 6

Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Artículo 7

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo. — Héctor M. Timerman. — Agustín O. Rossi. — Axel Kicillof. — Débora A. Giorgi. — Carlos H. Casamiquela. — Carlos E. Meyer. — Julio M. De Vido. — Julio C. Alak. — María C. Rodriguez. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Daniel G. Gollan. — Alberto E. Sileoni. — José L. S. Barañao. — Teresa A. S.E.llarés.