Decreto 341/1992

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Unificanse las S.A.nciones pecuniarias a aplicar a las infracciones cometidas contra normas S.A.nitarias.

Visto

los términos del Decreto 251/1992.

Considerando

Que mediante dicho acto administrativo S.E. declara la Emergencia S.A.nitaria en todo el Territorio de la Nación con motivo de la situación epidemiológica provocada por el avance del cólera.

Que resulta necesario que el MINISTERIO DE S.A.LUD Y ACCION SOCIAL, y en su caso la autoridad S.A.nitaria local, cuenten con el sustento normativo que les permita aplicar en forma rápida y efectiva las S.A.nciones pecuniarias previstas en la legislación S.A.nitaria nacional, unificándose éstas y el procedimiento para su aplicación, en orden a obtener un resultado S.A.tisfactorio en la lucha contra el flagelo antes mencionado.

Que a tales fines, y sin perjuicio de las penalidades previstas en los distintos ordenamientos S.A.nitarios vigentes, estímase aconsejable unificar las S.A.nciones de multa previstas en los mismos, delegándose en el MINISTERIO DE S.A.LUD Y ACCION SOCIAL la fijación de nuevos importes cuando las circunstancias así lo hicieren necesarios.

Que, asimismo, corresponde delegar en el MINISTERIO DE S.A.LUD Y ACCION SOCIAL la facultad de establecer, en el orden nacional, el procedimiento administrativo tendiente a investigar las presuntas infracciones a las normas S.A.nitarias, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor.

Que la indispensable celeridad que precisa para instrumentar y poner en práctica el nuevo ordenamiento obliga a recurrir en parte al ejercicio de facultades legislativas reservadas a otro Poder de la República en un caso como el presente, ya que la epidemia de cólera y la declaración de emergencia S.A.nitaria decretada en su consecuencia en todo el territorio de la Nación impiden esperar el tiempo que demandaría su S.A.nción por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, con el consecuente perjuicio social que ello importaría.

Que lo expuesto califica como URGENTE la situación descripta, requiriendo inexcusablemente la adopción en forma inmediata de las soluciones de fondo tendientes a impedir los potenciales graves perjuicios que acarrearía a la S.A.lud de la población una demora en su implementación.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, además de las facultades que le confiere el artículo 86 de la Constitución Nacional, puede ejercer atribuciones legislativas cuando la necesidad S.E. hace presente y la urgencia lo justifica, contando para ello con el respaldo de la mejor doctrina constitucional y de la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.

Así Joaquín V. GONZALEZ ha sostenido en su "Manual de la Constitución Argentina" que "…puede el Poder Ejecutivo, al dictar reglamentos o resoluciones generales, invadir la esfera legislativa o, en casos excepcionales o urgentes, creer necesario anticipar la S.A.nción de una ley…" (Conforme en el mismo S.E.ntido BIELSA, Rafael — Derecho Administrativo 1954 — T 1 — página 3091). También la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION le ha dado acogida favorable a esta postura doctrinaria (Fallos 11:405; 23:257).

Que, asimismo, ha S.E.ñalado la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION que la Constitución no reconoce derechos absolutos en momentos de perturbación social y económica y en otras situaciones S.E.mejantes de emergencia y que, ante la urgencia en atender a la solución de los problemas que ella crea, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad.

Que el presente S.E. dicta en el contexto de la situación de emergencia y con sustento en la doctrina de los reglamentos de necesidad y urgencia, toda vez que S.E. configuran en el caso los requisitos que lo legitiman.

Que por último, la legitimidad y validez de tales Decretos S.E. reconoce también sobre la base de existir una intención manifiesta de someter el reglamento a la ratificación legislativa.

Que, cumplidos tales recaudos, las atribuciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL para dictar estos Decretos es aceptada por la doctrina y la jurisprudencia, ya que el principio de división de poderes no puede S.E.r entendido de modo tal que impida proveer últimamente la S.A.tisfacción de la suprema necesidad de la vida del Estado, cuando la urgencia del procedimiento requerido no permite esperar hasta la aprobación del órgano legislativo.

Que dicho ejercicio está sujeto al control y decisión final del órgano legislativo de la Nación, de acuerdo a la doctrina de los reglamentos de necesidad y urgencia.

Decreto

Artículo 1

Unifícanse las S.A.nciones pecuniarias a aplicar a las infracciones cometidas contra las normas S.A.nitarias identificadas en el Anexo I, en las sumas de PESOS MIL ($ 1000) a PESOS UN MILLON ($ 1000000), sin perjuicio de la aplicación de las restantes S.A.nciones administrativas que cupieren y de las denuncias penales que S.E. formularen cuando así correspondiere. La autoridad S.A.nitaria de aplicación graduará los montos a aplicar en cada caso teniendo para ello presente los antecedentes del imputado, la gravedad de la falta y su proyección desde el punto de vista S.A.nitario. En caso de reincidencia, atendiéndose a los mismos parámetros de graduación la S.A.nción podrá establecerse en hasta el décuplo del valor impuesto a la infracción anterior.

Artículo 2

El MINISTERIO DE S.A.LUD Y ACCION SOCIAL, queda autorizado para fijar nuevos valores, de conformidad con la legislación vigente, cuando las circunstancias S.A.nitarias de la Nación así lo hicieren aconsejable, los que no podrán exceder el duplo de los mencionados en el artículo precedente.

Artículo 3

Los inspectores o funcionarios debidamente facultados tendrán la atribución de penetrar en los lugares donde S.E. ejerzan actividades aprehendidas por las normas de la legislación S.A.nitaria durante las horas destinadas a su ejercicio, y aun cuando mediare negativa del propietario o responsable, estarán autorizados a ingresar cuando haya motivo fundado para creer que S.E. está cometiendo una infracción que atente contra la S.A.lud de la población. Las autoridades policiales de la jurisdicción deberán prestar el concurso pertinente, a solicitud de aquéllos, para el cumplimiento de sus funciones. La negativa injustificada del propietario o responsable lo hará pasible de la aplicación de una multa que S.E. establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 1. Los jueces, con habilitación de día y hora, acordarán de inmediato a los funcionarios designados por la autoridad S.A.nitaria la orden de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública, si estas medidas fueren solicitadas por dicha auto

ridad.

Artículo 4

El MINISTERIO DE S.A.LUD Y ACCION SOCIAL establecerá el procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones a las normas S.A.nitarias, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales. No obstante, sin perjuicio de las penalidades que S.E. determine aplicar por el procedimiento requerido, la autoridad S.A.nitaria de aplicación, teniendo presente la gravedad y/o reiteración de la infracción, podrá proceder a la suspensión, inhabilitación, clausura, comiso, interdicción de autorización, matriculación, habilitación de profesionales, técnicos, locales, establecimientos o productos, en forma preventiva y por un plazo máximo de hasta NOVENTA (90) días.

Artículo 5

Autorízase al MINISTERIO DE S.A.LUD Y ACCION SOCIAL a adoptar medidas de excepción, debidamente fundadas, con relación a la venta ambulante de sustancias alimenticias incorporadas al Código Alimentario Argentino y a la importación, exportación, elaboración, comercialización y fraccionamiento de productos relacionados con la prevención y/o tratamiento del cólera.

Artículo 6

La autoridad S.A.nitaria de aplicación, en caso de comprobar el incumplimiento de las obligaciones previstas en las normas S.A.nitarias vigentes, deberá intimar al funcionario responsable bajo apercibimiento de S.A.ncionarlo de acuerdo con las normas respectivas. En caso de comprobarse la demora en la tramitación, el superior y jerárquico deberá avocarse a la prosecución del trámite, sin perjuicio de la S.A.nción que corresponda al responsable de la dilación.

Artículo 7

Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Artículo 8

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Julio C. Aráoz.

Anexo I

Ley 11843, modificada por las Leyes N^os 14156, 21510, 22577 y el Decreto-Ley 8660/1963.

Ley 12317.

Ley 16463, reglamentada por el Decreto 9763/1964.

Ley 17818 modificada por la Ley 22599.

Ley 17565, modificada por las Leyes N^os 19451, 19579 y 22728.

Ley 17132, modificada por las Leyes N^os 22650 y 23873.

Ley 24004.

Ley 18284 modificada por las Leyes N^os 18560, 18420 y 21978.

Ley 19303, modificada por la Ley 19678.

Decreto N141/53 (Reglamento Alimentario Nacional) en cuanto resulta de aplicación para todo producto que no S.E.a alimento o bebida.