Decreto 358/2017

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Decreto 358/2017
Administración Pública Nacional
Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares - Modificación Decretos 26702017 y 59192
Año de sanción 2017
Fecha de sanción 2017-05-22
Organismo de origen Poder Ejecutivo Nacional
Modifica Ley 23967
Decreto 846/1991
Decreto 591/1992
Decreto 835/2004
Decreto 1382/2012
Decreto 2670/2015
Modificada por Ley 27453
Enlazada por Ley 23967
Ley 27453
Decreto 846/1991
Decreto 591/1992
Decreto 835/2004
Decreto 1382/2012
Decreto 2670/2015
Decreto 1096/2018
Decreto 819/2019
Decreto 789/2019
Decreto 777/2020
Administración Nacional de la Seguridad Social
Agencia de Administración de Bienes del Estado
Enlaces oficiales Texto original

Incorporase al anexo del Decreto 2670/2015, el capitulo xi. Crease la mesa nacional de coordinación para barrios populares en el ambito de la jefatura de gabinete de ministros la que estara integrada por representantes de los organismos nacionales competentes en la materia. Funciones. Sustituyese el artículo 8 del anexo i del Decreto 591/1992.

Visto

la Declaración del Milenio de las NACIONES UNIDAS, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III - Quito, 2016), el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Ley 23967, los Decretos Nros. 846 del 2 de mayo de 1991, 591 del 8 de abril de 1992, 835 del 6 de julio de 2004, 1382 del 9 de agosto de 2012 y 2670 del 1 de diciembre de 2015 y la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 122 del 15 de marzo de 2017.

Considerando

Que S.E.gún los datos proporcionados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, más de QUINIENTOS MIL (500000) hogares S.E. encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de DOS MILLONES (2000000) de personas.

Que S.E.gún el RELEVAMIENTO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES llevado a cabo por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y distintas organizaciones sociales entre agosto de 2016 y mayo de 2017, existen más de CUATRO MIL (4000) barrios populares, entendidos éstos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que S.E. constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los S.E.rvicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los S.E.rvicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

Que la precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de las personas, limitando el acceso a la infraestructura y a los S.E.rvicios públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social.

Que dar solución al problema habitacional constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar definitivamente la pobreza de nuestro país, lo que necesariamente requiere de la intervención estatal de forma inmediata.

Que el acceso al suelo urbano por parte de los S.E.ctores más postergados de nuestra sociedad, históricamente y por diversos motivos, estuvo relacionado con la ocupación de terrenos en condiciones de extrema precariedad.

Que las desigualdades sociales S.E. expresan en la forma de ocupación del territorio, caracterizando a los procesos de construcción del espacio urbano como fragmentarios y S.E.gregativos.

Que S.E. reconoce a la integración urbana como un proceso indispensable para la superación de situaciones de S.E.gregación, que propende a la inclusión de las personas y la ampliación de sus niveles de ciudadanía, respetando las idiosincrasias y garantizando una urbanidad plena de derechos.

Que a través de la implementación de procesos de integración urbana S.E. aspira a la transformación del espacio urbano, de manera tal que S.E.a propicio para que sus habitantes ejerzan plenamente sus derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, consagrados por la Constitución Nacional.

Que las políticas tendientes a la regularización dominial deben S.E.r entendidas como parte del proceso de integración urbana que comprende la planificación integral, la implementación de políticas participativas y estrategias para la gestión del suelo, la provisión de infraestructura básica, de S.E.rvicios, de espacios públicos y de equipamiento comunitario destinados al mejoramiento integral de los barrios populares. Este proceso de integración urbana debe llevarse a cabo en un marco de coordinación y articulación entre los distintos organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales, organizaciones sociales, organismos internacionales de cooperación, universidades, asociaciones profesionales y entidades públicas o privadas afines.

Que conforme lo anterior, resulta conveniente conformar una Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares, cuya integración de cuenta de la complejidad mencionada anteriormente.

Que el diseño de una política pública habitacional inclusiva y de conformidad con la meta de POBREZA CERO, teniendo en cuenta las múltiples dimensiones de la pobreza que no S.E. circunscriben a los ingresos debe necesariamente avanzar a través de procesos de Integración Urbana de las villas y asentamientos.

Que la planificación estratégica de la política pública en materia habitacional debe atender las demandas presentes, contemplando también una respuesta habitacional en el largo plazo, de manera de anticipar el crecimiento poblacional y darle racionalidad a los actos de gobierno.

Que el acceso a la vivienda es un derecho humano universal consagrado por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS en el año 1948, mediante la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.

Que S.E.gún lo prescripto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es obligación del Estado garantizar la existencia de condiciones legales que permitan el acceso a una vivienda digna.

Que la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, mediante la Resolución denominada "DECLARACIÓN DEL MILENIO", de fecha 8 de S.E.ptiembre de 2000, identificó a la pobreza urbana como una de las metas a superar, comprometiéndose sus Estados Miembros a mejorar la vida de al menos CIEN MILLONES (100000000) de habitantes de barrios marginales para el año 2020.

Que mediante la Nueva Agenda Urbana adoptada en la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA VIVIENDA Y EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (Hábitat III — Quito, 2016), los Jefes de Estado y de Gobierno S.E. comprometieron a incrementar la S.E.guridad de la tenencia para todos, reconociendo la pluralidad de tipos de tenencia, y a promover la implementación de programas de desarrollo urbano sostenible con estrategias centradas en las necesidades de vivienda y de las personas.

Que en el marco de la implementación de la citada Nueva Agenda Urbana S.E. suscribió el Convenio CONVE-2016-02964768-APN-MI, entre el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y el PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ONU - HÁBITAT, cuyo objeto es promover un marco estable de colaboración que contribuya al desarrollo urbano sostenible, a la lucha contra la pobreza, y a transformar las ciudades en centros inclusivos, procurando de esta manera mejorar las condiciones de vida de la población.

Que a través de la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 122 del 15 de marzo de 2017, S.E. aprobó el reglamento del PLAN NACIONAL DE HÁBITAT, el que fue creado en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO, el cual tiene como objetivo principal, mejorar el acceso al hábitat en áreas precarias urbanas y en las localidades más vulnerables de todo el país, a través de la inversión en obras de infraestructura básica (agua y S.A.neamiento), vehicular y peatonal, espacio público, equipamiento comunitario y mejoramiento de la vivienda.

Que es esencial reconocer los importantes esfuerzos que han realizado durante años los habitantes de las villas y asentamientos, denominados Barrios Populares, al construir sus viviendas y su barrio, a pesar de las enormes dificultades, inequidades y reglas de un mercado que los excluye.

Que S.E. hace indispensable apoyar a los habitantes de los barrios populares otorgándoles S.E.guridad respecto de la tierra que habitan, del acceso a los distintos S.E.rvicios básicos y de la integración urbana y social.

Que a través de la Ley 23967, S.E. estableció la transferencia de las tierras del Estado Nacional, sus empresas y entes descentralizados o de otro ente donde el Estado tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de decisiones societarias, ocupadas por viviendas permanentes o vacantes aptas para el desarrollo de planes sociales de tierra y de vivienda que no S.E.an necesarias, para el cumplimiento de su función o gestión, a los Estados Provinciales y a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para su posterior venta a los actuales ocupantes o incorporación a los planes de vivienda social, para familias de recursos insuficientes.

Que mediante el Decreto 846/1991 S.E. creó la entonces denominada, COMISIÓN DE TIERRAS FISCALES NACIONALES — PROGRAMA "ARRAIGO".

Que a través del Decreto 591/1992 S.E. aprobó la reglamentación de la Ley 23967, y mediante el artículo 8 de su ANEXO I S.E. estableció a la entonces denominada COMISIÓN NACIONAL DE TIERRAS FISCALES NACIONALES - PROGRAMA "ARRAIGO", como el organismo ejecutor designado para la aplicación de la misma.

Que las funciones de la citada Comisión y el ámbito jurisdiccional en el que S.E. han desarrollado, han sido modificados en diversas oportunidades.

Que mediante el Decreto 1382/2012, S.E. creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la que dentro de sus objetivos, tiene a su cargo la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de los bienes inmuebles del Estado Nacional, posibilitando la puesta a disposición de los mismos de manera ágil y dinámica para la formulación de los diversos planes, programas y proyectos, para lo cual S.E. le asignaron expresas facultades.

Que por el Decreto 2670/2015 S.E. aprobó la reglamentación del Decreto 1382/2012, estableciéndose las delimitaciones de las funciones propias de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Que por dicho marco normativo, la Agencia de Administración de Bienes del Estado fue constituida como el órgano rector en materia de inmuebles estatales, atento su carácter técnico con especialización en materia inmobiliaria.

Que ello justifica incorporar al ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), que por el presente S.E. crea, cuya función principal S.E.rá registrar los bienes inmuebles donde S.E. asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y datos de las personas que las habitan a efectos de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas.

Que el mencionado REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), constituirá la base de las políticas tendientes a la regularización dominial, a llevarse a cabo mediante la implementación, de la Ley 23967.

Que atento lo expuesto, y para mejorar la aplicación y ejecución de la Ley 23967, y lograr así mayor eficiencia, es que resulta oportuno designar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, como organismo ejecutor para la aplicación de la misma, a efectos de concentrar en un solo organismo público todas las acciones, funciones y competencias relacionadas con la mencionada ley, correspondiendo a tales fines sustituir el artículo 8 del ANEXO I del Decreto 591/1992.

Que ha tomado intervención el S.E.rvicio jurídico pertinente.

Que la presente medida S.E. dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional.

Decreto

Artículo 1

Incorpórase al Anexo del Decreto 2670/2015, como Capítulo XI, el siguiente:

Capítulo XI - Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap)

Artículo 46

Créase el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, cuya función principal S.E.rá registrar los bienes inmuebles ya S.E.an de propiedad fiscal o de particulares donde S.E. asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016.

Se acompaña como ANEXO I (IF-2017-09311057-APN-SECCI#JGM) al presente Decreto la base de datos preliminar del referido REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP). Dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles a partir de la entrada en vigencia del presente, S.E. podrá actualizar el citado registro con los referidos inmuebles y construcciones existentes, aún no relevados donde existan barrios populares conformados con anterioridad al 31 de diciembre de 2016. Con posterioridad a dicho plazo solo S.E. actualizará el registro de los datos de las personas que habitan en ellas.

Dicho registro estará compuesto por aquellos barrios populares que S.E. encuentren integrados con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a al menos DOS (2) de los S.E.rvicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

Artículo 47

La Agencia de Administración de Bienes del Estado estará facultada para:

a) Suscribir convenios con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de posibilitar la transferencia a favor del Estado Nacional de los inmuebles de su propiedad que S.E. encuentren emplazados en los Barrios Populares individualizados en el ANEXO I, a los efectos de su futura transferencia a las familias ocupantes en el marco legal que oportunamente S.E. defina.

b) Suscribir convenios con terceros para la transferencia a favor del Estado Nacional de los inmuebles de su propiedad que S.E. encuentren emplazados en los Barrios Populares individualizados en el ANEXO I, a los mismos efectos que el inciso a).

c) Administrar y gestionar la información del REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), y realizar su evaluación y contralor.

d) Elaborar instrumentos jurídicos que permitan identificar a los tenedores de viviendas, con el objeto de aplicar las políticas, normas y procedimientos que oportunamente S.E. definan, a los efectos de implementar la regularización dominial.

e) Celebrar todo tipo de contratos con entes públicos y privados y emitir las certificaciones dispuestas en el artículo 48 del presente que apunten a dar celeridad a los procesos de regularización dominial.

f) Proponer modificaciones a la legislación aplicable, con el objeto de mejorar, solucionar y/o implementar de manera eficaz la integración urbana de los barrios populares.

Artículo 48

La Agencia de Administración de Bienes del Estado S.E.rá el organismo responsable de emitir un Certificado de Vivienda Familiar, para S.E.r entregado por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA S.E.GURIDAD SOCIAL (ANSES) a los Responsables de Vivienda incluidos en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP). Dicho instrumento S.E. considerará un documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de S.E.rvicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar la CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CUIT) y/o la CLAVE UNICA DE IDENTIFICACIÓN LABORAL (CUIL), realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de S.A.lud, previsionales y educativas."

Artículo 2

Créase la Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la que estará integrada por representantes de los organismos nacionales competentes en la materia. Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Promover estrategias de gestión del suelo, infraestructura básica, S.E.rvicios, espacio público y equipamiento comunitario destinados al mejoramiento integral de los barrios populares.

b) Coordinar políticas, normas y procedimientos relacionados con la creación de lotes con S.E.rvicios y nuevas urbanizaciones.

c) Procurar, en coordinación con los organismos estatales nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con entes privados competentes, la provisión de S.E.rvicios públicos e infraestructura barrial para los habitantes de los inmuebles enumerados en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP).

d) Coordinar las políticas participativas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de los bienes inmuebles enumerados en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), que fueran debidamente elaboradas.

e) Coordinar la colaboración con asociaciones profesionales, organizaciones sociales, organismos internacionales de cooperación y universidades y entidades públicas o privadas afines, tendientes a la realización de proyectos globales de capacitación, reordenamiento urbano y vivienda.

Artículo 3

Sustitúyese el artículo 8 del ANEXO I del Decreto 591/1992 por el siguiente:

"ARTÍCULO 8.- La Agencia de Administración de Bienes del Estado S.E.rá el organismo ejecutor designado para la aplicación de la Ley 23967, a cuyos efectos tendrá las siguientes misiones y funciones:

a) Impulsar, cuando corresponda, todas aquellas acciones tendientes a lograr la regularización dominial de las tierras fiscales nacionales, en los términos del presente régimen.

b) Realizar el relevamiento nacional de las tierras fiscales ocupadas por asentamientos irregulares. c. Realizar relevamientos para determinar la situación socio-económica de los grupos sociales destinatarios del programa.

d) Coordinar su accionar con los entes nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales competentes en la materia.

e) Celebrar convenios de colaboración recíproca con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, asociaciones profesionales, organizaciones sociales, organismos internacionales de cooperación y universidades y entidades públicas o privadas afines, tendientes a la regularización dominial.

f) Evaluar las posibilidades de complementar la aplicación de la Ley 23967 con otros organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales o de organizaciones privadas, en marcha y/o a implementarse, con miras a optimizar sus resultados.

A tales fines, como organismo ejecutor de la Ley 23967, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, estará facultada para establecer las normas aclaratorias, complementarias y resolutivas que considere necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la misma."

Artículo 4

A los efectos de una implementación eficaz del presente Decreto, el ESTADO NACIONAL podrá suscribir con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Convenios de Cooperación.

A tal fin, apruébase el modelo de CONVENIO DE COOPERACIÓN que como Anexo II (IF-2017-09556162-APN-SECCI#JGM) forma parte integrante del presente.

Artículo 5

Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Carolina Stanley. — Rogelio Frigerio.