Decreto 4/2010

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Decreto 4/2010
Derechos Humanos
Documentación e Información Vinculada con el Accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983
Año de sanción 2010
Fecha de sanción 2010-01-05
Organismo de origen Poder Ejecutivo Nacional
Modifica Ley 25520
Ley 25779
Decreto 44/2007
Decreto 1137/2009
Modificada por Decreto 200/2012
Decreto 2103/2012
Decreto 503/2015
Enlazada por Ley 25520
Ley 25779
Decreto 44/2007
Decreto 1137/2009
Decreto 200/2012
Decreto 2103/2012
Decreto 503/2015
Decreto 2704/2015
Enlaces oficiales Texto original

Relevase de la clasificación de S.E.guridad a toda documentación e información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en el período comprendido entre los años 1976 y 1983.

Visto

la Ley de Inteligencia Nacional 25520 y su Decreto reglamentario 950 del 5 de junio de 2002, el Decreto 44/2007, el Decreto 1137/2009, lo solicitado por el JUZGADO FEDERAL 1 de LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en relación con la causa caratulada "CROUS, FELIX PABLO (FISCAL NACIONAL) S/ DCIA. (Centro de Detención Clandestina "La Cacha" Lisandro Olmos)" y lo propuesto por el Ministerio de Defensa.

Considerando

Que a partir de la S.A.nción de la Ley 25779 y de lo decidido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en el antecedente "Simón, Julio Héctor y otros s/ Privación ilegítima de la libertad, etc." (Fallos 328:2056), S.E. reabrieron las causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado provocando el requerimiento de una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las FUERZAS ARMADAS.

Que parte de la mencionada información y documentación está referida a las actividades de Inteligencia y al personal afectado a las mismas, en orden a lo cual están alcanzadas por las disposiciones y restricciones establecidas por la Ley 25520 y su Decreto reglamentario 950/02.

Que el artículo 16 de la Ley 25520 prescribe que "Las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de S.E.guridad que corresponda en interés de la S.E.guridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación. El acceso a dicha información S.E.rá autorizado en cada caso por el Presidente de la Nación o el funcionario en quien S.E. delegue expresamente tal facultad, con las excepciones previstas en la presente ley. La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos referidos en el primer párrafo del presente artículo S.E. mantendrá aun cuando el conocimiento de las mismas deba S.E.r suministrado a la justicia en el marco de una causa determinada o S.E.a requerida por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia".

Que, a su vez, el artículo 17 de la Ley 25520 dispone que "Los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el artículo anterior deberán guardar el más estricto S.E.creto y confidencialidad. La violación de este deber hará pasible a los infractores de las S.A.nciones previstas en el Libro II Título IX, Capítulo II, artículo 222 y/o 223 del Código Penal de la Nación, S.E.gún correspondiere".

Que el artículo 3 de la Reglamentación de la Ley de Inteligencia Nacional 25520 (Dto. 950/02, Anexo I) establece que "La revelación o divulgación de información respecto de habitantes o personas jurídicas, públicas o privadas, adquirida por los organismos de inteligencia con motivo del ejercicio de sus funciones, requerirá inexorablemente de una orden o dispensa judicial y la autorización prevista en el S.E.gundo párrafo del artículo 16 de la Ley, excepto cuando la intervención del organismo S.E. encuentre prevista en una disposición legal".

Que en orden a lo dispuesto por la normativa antes citada y a raíz de una solicitud judicial, S.E. dictó el Decreto 1137/2009 relevando de la clasificación de S.E.guridad "Estrictamente S.E.creto y Confidencial" a una S.E.rie de documentación de inteligencia que resultaba necesaria a los fines de llevar a cabo una audiencia de debate oral en el marco de un proceso judicial por violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del terrorismo de Estado.

Que dada la gran cantidad de requerimientos judiciales de información con clasificación de S.E.guridad no pública, y a los fines de adoptar una resolución integral que evite que frente a cada caso específico deba dictarse un Decreto, es preciso revisar la necesidad de continuar manteniendo información y/o documentación con esa clasificación.

Que en tal S.E.ntido, el JUZGADO FEDERAL 1 de LA PLATA, en el marco de la investigación llevada a cabo en la causa mencionada en el VISTO, solicitó al PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante oficio de fecha 29 de S.E.ptiembre de 2009, desclasificar la documentación relativa al Destacamento de Inteligencia 101 del EJERCITO ARGENTINO del período correspondiente a los años 1976 a 1983.

Que, asimismo, mantener clasificaciones de S.E.guridad de carácter no público, respecto de información y documentación relativa al accionar de las FUERZAS ARMADAS durante la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la política de MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA que el ESTADO ARGENTINO viene adoptando desde el año 2003.

Que la decisión de un Estado democrático de clasificar y mantener información y/o documentación de carácter no público no sólo debe basarse en la necesidad de proteger la S.E.guridad del Estado y sus relaciones multilaterales sino que debe también establecer un límite temporal a esa restricción.

Que el accionar de las FUERZAS ARMADAS durante la vigencia del terrorismo de Estado demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto.

Que pasados más de VEINTICINCO (25) años de reestablecido el Estado democrático no es posible S.E.guir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de "Secreto de Estado" o cualquier otra clasificación de S.E.guridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado.

Que, asimismo, cualquier limitación al acceso de información y documentación podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la S.A.nción de los responsables, ubicando al ESTADO ARGENTINO por fuera del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

Que, en ese S.E.ntido, debe considerarse lo establecido por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS al decir que "en el marco de un procedimiento penal, especialmente cuando S.E. trata de la investigación y persecución de ilícitos atribuibles a las fuerzas de S.E.guridad del Estado, surge una eventual colisión de intereses entre la necesidad de proteger el S.E.creto de Estado, por un lado, y las obligaciones del Estado de proteger a las personas de los actos ilícitos cometidos por sus agentes públicos y la de investigar, juzgar y S.A.ncionar a los responsables de los mismos por el otro (...) En casos de violaciones de derechos humanos, cuando los órganos judiciales están tratando de esclarecer los hechos y juzgar y S.A.ncionar a los responsables de tales violaciones, el ampararse en el S.E.creto de Estado para entregar información requerida por la autoridad judicial, puede S.E.r considerado como un intento de (...) perpetuar la impunidad" (caso "Myrna Mack Chang vs. Guatemala", S.E.ntencia del 25 de

noviembre de 2003, parágrafo 181, pág. 111).

Que las S.E.ntencias de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS deben S.E.r consideradas por el ESTADO ARGENTINO, conforme la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION que, desde el antecedente "Ekmedkian c/ Sofovich" (Fallos 315:1492), sostuvo que, entre las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir las obligaciones internacionales asumidas, deben considerarse comprendidas las S.E.ntencias judiciales pronunciadas por el mencionado órgano jurisdiccional.

Que, de conformidad con las obligaciones asumidas internacionalmente por el ESTADO ARGENTINO, en tanto posee el deber de adoptar por todos los medios posibles las medidas necesarias para garantizar el esclarecimiento de los hechos vinculados con las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la vigencia del terrorismo de Estado, conforme las exigencias del artículo 25 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS y demás normas constitucionales vinculadas con el derecho a la verdad, en los términos del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, S.E. hace necesario limitar la información protegida con la clasificación de S.E.guridad dispuesta por la legislación antes mencionada en aquellas materias en las que la misma S.E.a indispensable, asegurando que S.E.a S.E.creto aquello que verdaderamente deba S.E.rlo.

Que, en este orden de ideas, el Decreto 44/2007 adoptó dicho criterio, en tanto relevó de la obligación de guardar S.E.creto en los términos de la Ley de Inteligencia Nacional 25520, a quienes integren o hayan integrado organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, de S.E.guridad y las Policiales, o fueran o hayan sido funcionarios o personas alcanzadas por dicha obligación, cuando fueren llamados a prestar declaración respecto de los hechos o informaciones a los que hubieren tenido acceso en el ejercicio de sus funciones y que pudieran conducir a la obtención de elementos de interés en el marco de las causas judiciales por las graves violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, como también respecto de los hechos que de cualquier manera S.E. vincularen con el terrorismo de Estado.

Que, por lo tanto, desde el actual Estado democrático y republicano corresponde relevar el S.E.creto y la confidencialidad de la información que pueda favorecer al conocimiento integral de los hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida S.E. dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 16 de la Ley 25520 y el inciso 1 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Decreto

Artículo 1

Relévase de la clasificación de S.E.guridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley 25520 y su Decreto Reglamentario 950/02, a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las FUERZAS ARMADAS durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, así como a toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar.

Artículo 2

Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1 del presente Decreto, toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal.

Artículo 3

En ningún caso, S.E. dejará sin efecto la clasificación de S.E.guridad otorgada a la información de inteligencia estratégica militar a la que S.E. refiere el inciso 4 del artículo 2 de la Ley 25520.

Artículo 4

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Julio C. Alak. — Nilda Garré.