Observase el artículo 32 del proyecto de ley registrado bajo el 26361; con la S.A.lvedad establecida en el artículo precedente, cumplase, promulgase y tengase por ley de la nación el proyecto de ley registrado bajo el 26361.
Visto
el Expediente N S01:0112975/2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y S.E.RVICIOS y el Proyecto de Ley registrado bajo el 26361, S.A.ncionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 12 de marzo de 2008.
Considerando
Que el Artículo 32 del Proyecto de Ley registrado bajo el 26361, deroga el artículo 63 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, que dispone: "Para el supuesto de contrato de transporte aéreo S.E. aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley".
Que las normas de defensa al consumidor nacen con la finalidad de actuar como correctores en los contratos de oferta masiva.
Que estas nuevas Leyes no constituyen normas de fondo sino que resultan reglas protectivas y correctoras, siendo complementarias y no sustitutivas de la regulación general contenida en los códigos de fondo y la legislación vigente.
Que las mismas tienen por objeto actuar como efectivo control de cláusulas contractuales predispuestas en los contratos de adhesión, cuando el ESTADO NACIONAL no interviene mediante un control genérico en actividades como el transporte aerocomercial por medio de una Autoridad de Aplicación específica, con cuerpos normativos especiales (Código Aeronáutico, Reglamentación del Contrato de Transporte Aéreo y Tratados Internacionales que integran el Sistema de Varsovia), con controles tarifarios, de autorizaciones de los S.E.rvicios a prestarse, de habilitaciones del personal, de aeronaves, de talleres de mantenimiento y de horarios, rutas, frecuencias y equipos con los cuales S.E. cumplirá.
Que el derecho de los usuarios del transporte aerocomercial está reglamentado en la Resolución 1532 de fecha 27 de noviembre de 1998 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y S.E.RVICIOS PUBLICOS, "Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo".
Que los países de mayor tráfico aéreo, también S.E. rigen por reglamentos que sólo complementan las normas aeronáuticas comerciales. En el caso europeo, el Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de febrero de 2004, resulta una complementación de la norma de fondo vigente, esto es el Convenio de Montreal de 1999.
Que los principios de autonomía, integralidad, uniformidad e internacionalidad del derecho aeronáutico siguen siendo consagrados en los más altos tribunales, tanto es así que el Tribunal Supremo de Judicatura Inglés sostuvo en el caso "Sidhu c/ British Airways" en 1977, que los Tribunales de cada país no cuentan con la libertad de brindar recursos previstos por las normas de derecho interno, dado que ello significa socavar la Convención —refiriéndose a la Convención de Varsovia de la cual es miembro la República Argentina— y agregaba que ello representaría establecer en forma paralela a la Convención un Conjunto de normas completamente diferentes que distorsionaría el funcionamiento de todo el sistema.
Que la Corte Suprema de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA en el caso "El Al Israel Airlines c/ Tseng" en 1999 manifestó que dado el esquema integral de reglas en materia de responsabilidad previsto por las normas de la Convención y su énfasis literal sobre la uniformidad, no podríamos llegar a la conclusión de que la intención de los delegados de Varsovia fuera que las Compañías de Transporte Aéreo estuvieran sujetas a normas de responsabilidad diferentes y que no guarden uniformidad con cada una de las partes signatarias.
Que entonces, la promulgación del proyecto de reforma a la Ley de Defensa del Consumidor que incluya la derogación prevista en su Artículo 32, dejaría en pugna el principio de orden constitucional que otorga prioridad a los Tratados Internacionales sobre el orden interno, quedando inmediatamente sujeta a revisión judicial su aplicación.
Que sumado a las razones técnico jurídicas antedichas, de aprobarse la derogación propuesta, acarrearía inseguridad jurídica tanto a las empresas nacionales, —un S.E.ctor que S.E. encuentra con declaración del Estado de Emergencia del Transporte Aerocomercial por el Decreto 1654/2002 y el Decreto 1012/2006— como a las internacionales que operan en la REPUBLICA ARGENTINA, a las cuales S.E. las pretendería alcanzar con normas de derecho interno inspiradas en un régimen infraccional, excluyendo a las normas uniformes, internacionales y vigentes, para el NOVENTA POR CIENTO (90%) del transporte aerocomercial del mundo, dentro de los cuales S.E. encuentra adherida la REPUBLICA ARGENTINA.
Que en virtud de lo S.E.ñalado precedentemente resulta necesario observar el Artículo 32 del Proyecto de Ley registrado bajo el 26361.
Que la presente medida no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de Ley S.A.ncionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y S.E.RVICIOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida S.E. dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 80 de la Constitución Nacional.
Decreto
Artículo 1
Obsérvase el Artículo 32 del Proyecto de ley registrado bajo el 26361.
Artículo 2
Con la S.A.lvedad establecida en el artículo precedente, cúmplase, promúlgase y téngase por ley de la Nación el Proyecto de ley registrado bajo el 26361.
Artículo 3
Dése cuenta a la Comisión Bicameral, Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Artículo 4
Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Martín Lousteau. — Julio M. De Vido. — Alicia M. Kirchner. — Aníbal F. Randazzo. — Juan C. Tedesco. — María G. Ocaña. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.
Resolución
Artículo 1
Declarar la validez del Decreto 565/2008.
Artículo 2
Comuníquese al Poder Ejecutivo.