Escudo de la República Argentina.png
Decreto 690/2020
Argentina Digital
Ley 27078 - Modificación
Año de sanción 2020
Fecha de sanción 2020-08-21
Organismo de origen Poder Ejecutivo Nacional
Modifica Ley 27078
Decreto 267/2015
Decreto 260/2020
Enlazada por Ley 26122
Ley 27078
Decreto 267/2015
Ley 27541
Decreto 311/2020
Decreto 260/2020
Enlaces oficiales Texto original

Incorporase como artículo 15 de la ley de tecnologias de la información y las comunicaciones 27078. Y otras modificaciones. Designació.

Visto

la Ley 27078, los Decretos Nros. 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, 260 del 12 de marzo de 2020, 311 del 24 de marzo de 2020, sus complementarios y modificatorios, y;

Considerando

Que el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión. La ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les S.E.a garantizado su acceso a las mismas.

Que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social.

Que el Consejo de Derechos Humanos de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) adoptó mediante la Resolución A/HRC/20/L13 del 29 de junio de 2012, referida a la Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, en el punto referido a la Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet el reconocimiento a "la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas", exhortando "…a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los S.E.rvicios de información y comunicación en todos los países."

Que, en tal S.E.ntido, nuestro más Alto Tribunal también ha S.E.ñalado, in re "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/Amparo Colectivo", que "el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los S.E.rvicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los S.E.ctores más vulnerables y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos S.E.rvicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar."

Que, en el mismo S.E.ntido, en el derecho comparado más moderno S.E. reconoce como un derecho humano el acceso a las TIC. Así S.E. verifica, por ejemplo, en los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, donde en 2013 S.E. consagró en el artículo 6 de su Constitución Política el derecho de acceso a Internet, y también en la República de Francia, donde fue consagrado por el Conseil Constitutionnel como derecho fundamental el acceso a Internet en el año 2009.

Que en el año 2014 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN S.A.ncionó la Ley 27078 por la cual S.E. declaró "de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes"; ello con el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los y las habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA a los S.E.rvicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad.

Que por el artículo 15 de la citada norma S.E. reconoció "el carácter de S.E.rvicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de S.E.rvicios de TIC".

Que, en este S.E.ntido, la convergencia de tecnologías constituye parte de la naturaleza misma del desarrollo del S.E.ctor, por lo cual es un deber indelegable del Estado nacional garantizar el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los S.E.rvicios de TIC así como el carácter de S.E.rvicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia, estableciendo no solo las pautas para el tendido y desarrollo de la infraestructura en término de redes de telecomunicaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional sino también las condiciones de explotación de aquella, de modo tal que S.E. garantice la función social y el carácter fundamental como parte del derecho humano a la comunicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 S.E. derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de S.E.rvicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional, que en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y S.E.rvicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los S.E.rvicios públicos.

Que el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables.

Que, en este marco, es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria.

Que, asimismo, y como consecuencia del avance y desarrollo de las TIC desde la S.A.nción de la Ley 27078, S.E. produjo un desarrollo exponencial de la telefonía celular, convirtiéndose en la actualidad en el medio de comunicación más importante, incluyendo la transmisión de datos, lo cual hace imperioso avanzar en un marco donde S.E. establezcan las garantías necesarias para que la población pueda acceder a un S.E.rvicio básico con estándares de calidad e igualdad de trato.

Que, por otra parte, mediante el Decreto 260/2020 S.E. amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia S.A.nitaria establecida por la Ley 27541 en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA S.A.LUD (OMS) en relación con el COVID-19.

Que, en dicho marco, por el Decreto 311/2020 S.E. estableció por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días que las empresas prestadoras de los S.E.rvicios de telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o S.A.telital, no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos S.E.rvicios a los usuarios y las usuarias y aquellas quedaban obligadas, en caso de falta de pago, a mantener un S.E.rvicio reducido conforme S.E. estableciera en la reglamentación.

Que, atento a la prolongación de la pandemia corresponde, en el marco de la emergencia S.A.nitaria ampliada por el Decreto 260/2020, suspender cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios y las licenciatarias de TIC, incluyendo a los y las titulares de los S.E.rvicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes a los S.E.rvicios de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades, así como a los S.E.rvicios de televisión S.A.telital por suscripción.

Que la situación de emergencia S.A.nitaria que S.E. está atravesando en el marco de la pandemia de COVID-19 y la consecuente disminución de la circulación de personas para mitigar los contagios configuran una situación de urgencia que impone la necesidad de otorgar una inmediata protección de estos derechos. En efecto, en este contexto, cobra mayor relevancia aún el acceso a las TIC y a las redes de telecomunicaciones tanto para las empresas como para los y las habitantes de nuestro país.

Que, el artículo 75 de la CONTITUCIÓN NACIONAL establece que es un deber indelegable del Estado asegurar el derecho a de la educación sin discriminación alguna, así como garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal.

Que, por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño que posee rango constitucional, establece que "…Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación" debiendo "…Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar". Este mandato legal, en el actual contexto S.A.nitario, solo S.E. puede garantizar mediante el uso de las TIC, habiéndose transformado estas en una herramienta insustituible para hacer efectivo el derecho a la educación.

Que esta situación de urgencia y necesidad hace imposible S.E.guir el trámite normal para la S.A.nción de las leyes.

Que la Ley 26122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley 26122 dispone que las Cámaras S.E. pronuncien mediante S.E.ndas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los Decretos deberá S.E.r expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.

Que el S.E.rvicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida S.E. dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional.

Decreto

Artículo 1

Incorpórase como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 27078, el siguiente texto:

Artículo 15

Carácter de S.E.rvicio público en competencia. S.E. establece que los S.E.rvicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de S.E.rvicios TIC son S.E.rvicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad".

Artículo 2

Sustitúyese el artículo 48 de la Ley 27078, por el siguiente:

"Artículo 48: Regla. Los licenciatarios y las licenciatarias de los S.E.rvicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán S.E.r justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.

Los precios de los S.E.rvicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del S.E.rvicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, S.E.rán regulados por esta.

La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá S.E.r brindada en condiciones de igualdad."

Artículo 3

Incorpórase, como S.E.gundo párrafo del artículo 54 de la Ley 27078, el siguiente:

Incorpórase como S.E.rvicio público, al S.E.rvicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Los precios de estos S.E.rvicios S.E.rán regulados por la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá S.E.r brindada en condiciones de igualdad.

Artículo 4

Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto 260/2020, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los S.E.rvicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al S.E.rvicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades.

Esta suspensión S.E. aplicará a los S.E.rvicios de televisión S.A.telital por suscripción.

Artículo 5

Las prestadoras deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto en el presente Decreto respecto de los S.E.rvicios a su cargo.

Artículo 6

Desígnase como Autoridad de Aplicación del presente Decreto al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el que deberá dictar las normas complementarias necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.

Artículo 7

La presente medida entrará a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

Artículo 8

Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Artículo 9

Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ - S.A.ntiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías S.E.bastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Marcela Miriam Losardo - Daniel Fernando Arroyo - Claudio Omar Moroni - Ginés Mario González García - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos S.A.lvarezza - Gabriel Nicolás Katopodis - María Eugenia Bielsa - S.A.bina Andrea Frederic - Mario Andrés Meoni - Elizabeth Gómez Alcorta - Matías Lammens - Juan Cabandie