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Decreto 878/2003
Sistema Nacional de Aeropuertos
Decreto 12272003 - Suspedense Efectos
Año de sanción 2003
Fecha de sanción 2003-10-08
Organismo de origen Poder Ejecutivo Nacional
Promulga Ley 26749
Modifica Decreto 163/1998
Decreto 1227/2003
Decreto 311/2003
Enlazada por Ley 19549
Ley 23696
Ley 25561
Ley 26749
Decreto 163/1998
Decreto 1227/2003
Decreto 311/2003
Procuración del Tesoro de la Nación
Enlaces oficiales Texto original

Suspendense los efectos del Decreto 1227/2003, por el cual S.E. ratifico el convenio suscripto entre el jefe de gabinete de ministros y el presidente de aeropuertos argentina 2000 S.A., y establecese que la unidad de renegociación y analisis de contratos de S.E.rvicios públicos, creada por el Decreto 311/2003, debera llevar a cabo el proceso de renegociación del contrato de concesion referido a la explotación, administración y funcionamiento del sistema nacional de aeropuertos.

Visto

la Ley 25561 y los Decretos Nros. 1227 del 20 de mayo de 2003 y 311 del 3 de julio de 2003.

Considerando

Que por conducto de la ley citada en el Visto S.E. declaró la emergencia pública en matera social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegándose en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre otros aspectos, la facultad de renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública Nacional bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y S.E.rvicios públicos.

Que entre ellos S.E. halla el Contrato de Concesión suscripto entre el ESTADO NACIONAL y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. para la explotación, administración y funcionamiento del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS, aprobado por Decreto 163/1998.

Que como consecuencia del proceso de renegociación llevado adelante oportunamente, S.E. dictó el Decreto 1227/2003 a través del cual S.E. ratificó el Convenio suscripto ad referendum del PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre el Jefe de Gabinete de Ministros y el Presidente de AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. el 20 de mayo de 2003, ordenándose la pertinente comunicación a la COMISION BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y S.E.GUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES creada por el artículo 14 de la Ley 23696.

Que, sin embargo, en los autos caratulados "SERVICIOS AEREOS P.S.A. c/ESTADO NACIONAL s/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)" - Expediente 34757, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 2, S.E.cretaría 3, de la Ciudad de S.A.n Martín, Provincia de Buenos Aires, S.E. dictó con fecha 21 de marzo de 2003 una resolución por la que S.E. hacía lugar a lo solicitado por la parte actora, en el S.E.ntido de que no S.E. continuara con el trámite de renegociación del Contrato de Concesión antes referido, hasta tanto S.E. asegurara su debida participación en dicho procedimiento.

Que, asimismo, y ante el dictado del Decreto 1227/2003, S.E.RVICIOS AEREOS P.S.A. solicitó en los referidos autos la ampliación de aquella medida cautelar aduciendo su incumplimiento.

Que con fecha 28 de mayo de 2003 el Magistrado interviniente hizo lugar a la ampliación de la precitada medida cautelar, suspendiendo los efectos del Decreto 1227/2003 ya mencionado, hasta tanto S.E. resuelva el proceso ordinario entablado por S.E.RVICIOS AEREOS P.S.A.

Que en la misma fecha S.E. notificó a las actuales autoridades del Estado Nacional lo resuelto en la causa de marras.

Que, ello así, el referido Decreto 1227/2003 adolecería de un vicio que lo torna nulo de nulidad absoluta, de conformidad con los artículos 14 y 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549, por cuanto con su dictado S.E. violaron los términos de la medida cautelar dictada en la causa supra citada.

Que, por otra parte, tal situación resultó también conocida por la concesionaria AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., quien oportunamente S.E. había presentado en las actuaciones judiciales peticionando su admisión como tercero interesado.

Que con relación a la revocación del acto irregular, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha sostenido que "La facultad de la Administración de revocar sus propios actos afectados de nulidad absoluta encuentra suficiente justificación en la necesidad de restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad, comprometida por la existencia de un acto afectado de tal vicio y que, por esa razón, no posee la estabilidad propia de los actos regulares ni puede generar válidamente derechos subjetivos de los particulares frente al orden público interesado en la vigencia de la legalidad" (Fallos 304:898).

Que, en el mismo S.E.ntido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado que el acto administrativo afectado de nulidad absoluta debe S.E.r revocado, pues la potestad que emerge del artículo 17 de la Ley 19549 no es excepcional, sino la expresión de un principio que constriñe a la Administración frente a actos irregulares, a disponer la revocación. La revocación del acto administrativo que adolece de algún vicio es una obligación de la Administración, en virtud de los principios de legalidad objetiva y de verdad material que deben imperar en el procedimiento administrativo (conf. Dictámenes 183:275; 207:517; 215:189 y 221:124).

Que aún cuando el acto irregular haya quedado firme y generado derechos subjetivos que S.E. comenzaron a cumplir, la Administración debe igualmente anularlo oficiosamente cuando S.E. configuren algunos de los supuestos idóneos para disponer tal extinción con relación al acto regular. Así lo ha reconocido recientemente la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en Fallos 321:169, al considerar que las excepciones a la regla de la estabilidad en S.E.de administrativa del acto regular, previstas en el artículo 18 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549 —entre ellas, el conocimiento del vicio por el interesado— son igualmente aplicables al supuesto contemplado en el artículo 17, primera parte de la referida ley.

Que sin perjuicio de lo indicado en los Considerandos que anteceden y atento la envergadura de la cuestión de que S.E. trata, S.E. ha merituado la procedencia de suspender, en esta instancia, la ejecución del Decreto 1227/2003 habida cuenta la nulidad absoluta de la que el mismo adolecería.

Que en tal S.E.ntido el artículo 12 de la mencionada Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549 prevé en su S.E.gundo párrafo que la Administración podrá, de oficio y mediante resolución fundada, suspender la ejecución del acto administrativo por razones de interés público o cuando S.E. alegare fundadamente una nulidad absoluta.

Que debe tomarse en consideración para ello la suspensión de los efectos del Decreto 1227/2003 dispuesta por el Juez interviniente en la causa supra citada y la pertinente notificación cursada al Estado Nacional.

Que con relación a ello la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado que el cumplimiento de una decisión judicial es incuestionable y en nuestra tradición jurídica tiene el carácter de dogma, máxime cuando el que debe cumplirla es el propio Estado —persona ética por naturaleza— que es el que debe empezar por dar el ejemplo (conf. Dictámenes 201:167; 212:14).

Que además ha expresado que respecto al debido acatamiento a las órdenes judiciales al que están también sujetos los funcionarios administrativos, el principio cardinal en la materia es que las decisiones judiciales deben cumplimentarse, máxime cuando involucran órdenes dirigidas a otros funcionarios del Estado cuya colaboración es presupuesto de la organización estatal (conf. Dictámenes 89:227; 106:80 y 324; 222:188).

Que asimismo dicho Alto Organo Asesor ha auspiciado la suspensión de un acto administrativo cuando los perjuicios que derivarían de su ejecución pudieran S.E.r mayores que los beneficios, agregando que si al apreciar la existencia de una infracción, el estudio del acto lleva al convencimiento de que es probable que deba declararse su nulidad, resulta más conveniente suspender los efectos de esa medida que más adelante habrá de desaparecer (conf. Dictámenes 234:66).

Que por otra parte, en el marco de la ya mencionada Ley 25561 S.E. dictó el Decreto 311/2003 por conducto del cual S.E. creó la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE S.E.RVICIOS PUBLICOS, en el ámbito de los MINISTERIOS DE ECONOMIA Y PRODUCCION y DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y S.E.RVICIOS.

Que el artículo 4 del antedicho Decreto encomienda a la mencionada Unidad la renegociación de diversos contratos de obras y S.E.rvicios públicos, entre los que S.E. encuentra el correspondiente al Sistema Nacional de Aeropuertos.

Que frente a ello y en virtud de la suspensión del Decreto 1227/2003 que por este acto S.E. realiza, resulta necesario consignar que la referida Unidad deberá llevar adelante la renegociación que le fuera encomendada.

Que ha tomado intervención el S.E.rvicio jurídico competente.

Que el presente S.E. dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 99, inciso 1, de la CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA, 12 S.E.gundo párrafo de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549, y 8 y 9 de la Ley 25561.

Decreto

Artículo 1

Suspéndense los efectos del Decreto 1227/2003 por los fundamentos S.E.ñalados en los considerandos del presente Decreto.

Artículo 2

Establécese que la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE S.E.RVICIOS PUBLICOS creada por el Decreto 311/2003 deberá llevar a cabo el proceso de renegociación del Contrato de Concesión suscripto entre el ESTADO NACIONAL y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. para la explotación, administración y funcionamiento del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS, aprobado por Decreto 163/1998, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 3

Hágase S.A.ber al S.E.ñor Juez actuante en los autos caratulados "SERVICIOS AEREOS P.S.A. c/ESTADO NACIONAL s/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)" Expediente 34757, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 2, S.E.cretaría 3, de la Ciudad de S.A.n Martín, Provincia de Buenos Aires, el contenido de la presente medida, con agregación de copia certificada de la misma.

Artículo 4

Comuníquese a la COMISION BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y S.E.GUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES creada por el artículo 14 de la Ley 23696 y a la COMISION BICAMERAL DE S.E.GUIMIENTO creada por el artículo 20 de la Ley 25561.

Artículo 5

Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Julio M. De Vido. — Roberto Lavagna.