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Decreto 961/2020
Emergencia Pública en Materia Ocupacional
Decreto 342019 - Ampliase Plazo
Año de sanción 2020
Fecha de sanción 2020-11-29
Organismo de origen Poder Ejecutivo Nacional
Modifica Ley 27541
Decreto 34/2019
Decreto 260/2020
Decreto 297/2020
Decreto 329/2020
Decreto 528/2020
Decreto 875/2020
Enlaces oficiales Texto original

Ampliase hasta el 25 de enero de 2021 la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto 34/2019 y ampliada por el Decreto 528/2020 a partir del vencimiento de la vigencia de esta ultima norma. En consecuencia, durante la vigencia del presente Decreto, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendra derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad con los terminos del artículo 3 del Decreto 34/2019 y la legislación vigente en la materia.

Visto

el Expediente N EX-2020-81121527-APN-DGD#MT, la Ley 27541, los Decretos Nros. 34 del 13 de diciembre de 2019, 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de 2020, 528 del 9 de junio de 2020, 875 del 7 de noviembre de 2020 y su respectiva normativa modificatoria y complementaria.

Considerando

Que a través del Decreto 34/2019 S.E. declaró la emergencia pública en materia ocupacional por el término de CIENTO OCHENTA (180) días y S.E. estableció que en caso de despido sin justa causa durante la vigencia de dicha norma, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendría derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente, de conformidad con la legislación vigente.

Que por la Ley 27541 S.E. declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, S.A.nitaria y social.

Que la crisis económica en que S.E. encontraba el país S.E. vio agravada por el brote del nuevo coronavirus, que diera lugar a la declaración de pandemia por COVID-19 por parte de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA S.A.LUD (OMS).

Que en dicho contexto S.E. dictó el Decreto 260/2020 por el que S.E. amplió la emergencia pública en materia S.A.nitaria establecida por la citada ley, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado Decreto.

Que, con el objetivo de proteger la S.A.lud pública como una obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, S.E. dictó el Decreto 297/2020 por el que S.E. dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", el que fue prorrogado sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20.

Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20 y 875/20 S.E. fue diferenciando a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia S.A.nitaria originada por la COVID-19, entre las que pasaron a una etapa de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", y aquellas que luego de alcanzar dicha etapa debieron retornar a la modalidad de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus S.A.nitario de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive.

Que, en dicho marco, por el Decreto 528/2020 la referida emergencia pública en materia ocupacional fue ampliada por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia de dicha norma, disponiéndose asimismo que en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendría derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente en los términos allí indicados.

Que esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo.

Que, en el marco de las obligaciones asumidas por la REPÚBLICA ARGENTINA en el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES y con el objetivo de preservar la paz social, corresponde continuar adoptando medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de obtener un trabajo que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y para sus familias.

Que, a su vez, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone una protección específica al trabajo en sus diversas formas y en la coyuntura, deviene indispensable la preservación de los puestos de trabajo.

Que la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento: "Las normas de la OIT y el Covid-19 (coronavirus)" que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor y en tal S.E.ntido recuerda la importancia de tener presente la Recomendación 166, que subraya "que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento o S.E.rvicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el trabajador o los trabajadores interesados".

Que una situación de crisis, como la que motivó el dictado de las medidas de emergencia ya citadas, autoriza a colegir que cabe atender el principio establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la causa "Aquino", Fallos 327:3753, Considerando 3, en orden a considerar al trabajador o trabajadora como sujetos de preferente tutela, por imperio de lo ordenado por la Constitución Nacional.

Que, asimismo, resulta indispensable continuar garantizando por imperio normativo la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo S.E.rá posible si S.E. transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no S.E.rán más que una forma de agravar los problemas causados por la pandemia.

Que, sin perjuicio de la prohibición de efectuar despidos sin justa causa por las causales de falta o disminución de trabajo establecida por el Decreto 329/2020 prorrogado por los Decretos Nros. 487/20, 761/20 y 891/20, existen situaciones que demuestran la necesidad de mantener la duplicación de las indemnizaciones, como son las referidas a la extinción indirecta del vínculo por incumplimientos graves del empleador o de la empleadora o a la aceptación por parte del trabajador o de la trabajadora de la eficacia extintiva, o incluso en aquellos supuestos en los que S.E. torna difícil acceder a la reinstalación, ya S.E.a por la clandestinidad laboral o por el cese de actividades.

Que, tal como sucedió en el momento del dictado de la medida original y de su ampliación, esta medida ha sido concebida para atender la situación de vulnerabilidad de los S.E.ctores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que S.E. acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y de las trabajadoras formales.

Que extender los alcances de este Decreto al ámbito del S.E.ctor Público Nacional estaría desprovisto de toda razonabilidad, dado que S.E.rviría para que S.E. amparen en ella altos directivos con responsabilidades jerárquicas que pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma.

Que la Ley 26122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley 26122 dispone que las Cámaras S.E. pronuncien mediante S.E.ndas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los Decretos deberá S.E.r expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado la intervención que le compete el S.E.rvicio de asesoramiento jurídico pertinente.

Que la presente medida S.E. dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional.

Decreto

Artículo 1

Amplíase hasta el 25 de enero de 2021 la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto 34/2019 y ampliada por el Decreto 528/2020 a partir del vencimiento de la vigencia de esta última norma. En consecuencia, durante la vigencia del presente Decreto, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad con los términos del artículo 3 del Decreto 34/2019 y la legislación vigente en la materia.

Artículo 2

El presente Decreto no S.E.rá aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 34/2019 ni al S.E.ctor Público Nacional definido en el artículo 8 de la Ley 24156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que S.E. encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran.

Artículo 3

El presente Decreto entrará en vigencia a partir del vencimiento del plazo establecido por el artículo 1 del Decreto 528/2020.

Artículo 4

Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Artículo 5

Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.