Ley 13264

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El concepto de utilidad pública comprende todos los casos en que se persiga la satisfacción de una exigencia determinada por el perfeccionamiento social.

Nota: Abrogada por el artículo 73 de la Ley 21499, pagina 3.

Título I - La Calificación

Artículo 1

El concepto de utilidad pública comprende todos los casos en que se persiga la satisfacción de una exigencia determinada por el perfeccionamiento social.

Título II - Sujeto Expropiante

Artículo 2

La declaración de utilidad pública se hará en cada caso, por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación.

Artículo 3

Los concesionarios de obras o servicios públicos, para cuya realización se hubiere sancionado la expropiación, substituyen a la autoridad expropiante en los derechos y obligaciones que crea la presente ley, y que no sean atinentes a la calidad de poder político.

Título III - Objeto de la Expropiación

Artículo 4

Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la "utilidad pública", cualquiera sea su naturaleza jurídica, estén o no en el comercio, sean cosas o no.

Artículo 5

El Estado podrá expropiar bienes del dominio provincial, municipal o de particulares con fines de utilidad pública nacional.

Artículo 6

La expropiación podrá comprender no solamente los bienes necesarios, sino también aquellos cuya ocupación convenga al fin principal de la misma.

Artículo 7

La expropiación puede disponerse y realizarse sobre bienes adyacentes o no a una obra pública, vinculados o no a ésta, con el objeto de llevar cabo planes de mejoramiento social establecidos por la ley.

Artículo 8

Si se tratase de la expropiación parcial de algún inmueble y la parte que quedase sin expropiar fuera inadecuada para uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble.

En los terrenos urbanos se considerarán sobrantes inadecuados los que, por causa de la expropiación quedaran con frente, fondo, o superficie inferiores a lo autorizado para edificar por las ordenanzas o usos locales respectivos.

En los inmuebles rurales, el Poder Ejecutivo determinará en cada caso las superficies inadecuadas, teniendo en cuenta la explotación primitiva dada por el expropiado.

Artículo 9

El Estado nacional está facultado para expropiar los bienes afectados a un servicio público.

Artículo 10

Es susceptible de expropiación el subsuelo con independencia de la propiedad superficial.

Título IV - La Indemnización

Artículo 11

La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores efectivos, ni ganancias hipotéticas. No se pagará lucro cesante.

En materia de inmuebles tampoco se considerará el valor panorámico o el derivado de hechos de carácter histórico.

El valor de los bienes debe estimarse por el que hubieren tenido si la obra no hubiese sido ejecutada ni aun autorizada.

Artículo 12

No se indemnizarán las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declaró afectado a expropiación, salvo aquellas que hubieran sido necesarias.

Artículo 13

Declarada la utilidad pública de un bien el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario, dentro del valor máximo que, en concepto total de indemnización, estimen sus oficinas técnicas competentes.

Tratándose de inmuebles, la indemnización que se establezca de común acuerdo no podrá ser superior en ningún caso, a la avaluación para la contribución territorial acrecida en un treinta por ciento.

Cuando la contribución territorial no incluyera las mejoras, éstas se pagarán por separado, estimándolas en la forma indicada en el primer apartado de este artículo.

Artículo 14

No habiendo avenimiento el juez federal decidirá la diferencia en juicio sumario, fijando la indemnización en base a las actuaciones y dictámenes que deberá elaborar para cada caso el tribunal de tasaciones creado por el artículo 74 del Decreto 33405 del año 1944, ratificado por la Ley 12922 que será integrado a este solo efecto por un representante del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y uno del expropiado. Estas funciones tendrán el carácter de carga pública honoraria. Dicho tribunal deberá pronunciarse dentro de los treinta días del requerimiento del juez, quien podrá prorrogar este plazo por igual término.

Juntamente con el requerimiento al Tribunal de Tasaciones, el juez intimará al expropiado para que dentro del término de diez días comparezca su representante a integrar el Tribunal de Tasaciones bajo apercibimiento de prescindir de su intervención.

Artículo 15

No se considerarán válidos, respecto al expropiante, los contratos celebrados por el propietario con posterioridad a la ley que declaró afectado el bien a expropiación, y que impliquen la constitución de algún derecho relativo al bien.

Artículo 16

Cuando se trate de bienes que no sean raíces, el precio se estimará mediante tasación a efectuarse por las oficinas competentes del Estado. No habiendo avenimiento, para este solo caso podrá sustanciarse prueba pericial, la que se llevará a cabo por un perito único designado de oficio por el juez, en sustitución de la actuación del Tribunal de Tasaciones previsto en el artículo 14.

Título V - Normas de Procedimiento

Artículo 17

Queda autorizado el Poder Ejecutivo para pagar al propietario o titulares de los derechos respectivos que lo acepten, el valor que corresponda de acuerdo con lo estipulado en los artículos 13 y 16 de la presente ley.

Artículo 18

Cuando no haya avenimiento y si se tratara de bienes raíces, el expropiante consignará ante el juez federal del lugar donde se encuentra el bien expropiado, el importe de la valuación para el pago de la contribución territorial, que podrá acrecerse hasta en un 30 % acompañando la última boleta emitida por la contribución territorial y obtendrá la inmediata posesión del bien objeto de la expropiación. La litis se anotará en el Registro de la Propiedad quedando desde ese momento indisponible el bien.

Artículo 19

Notificado el propietario de la consignación declarará el juez transferida la propiedad, sirviendo el auto y sus antecedentes de suficiente título traslativo, el que deberá ser inscripto en el Registro de la Propiedad.

Artículo 20

En caso de ignorarse quién es el propietario o cuál es su domicilio, la notificación se efectuará por edictos que se publicarán en los Boletines Oficiales de la Nación y de la provincia correspondiente y en un diario del lugar de asiento del juzgado por el término de cinco días.

Artículo 21

Antes de dictar sentencia sobre la indemnización el juez podrá ordenar de oficio, para mejor proveer, una audiencia verbal a la que deberán concurrir el representante fiscal y el expropiado, o su legítimo representante.

Artículo 22

De las resoluciones judiciales, que se dicten habrá lugar para el expropiante y el expropiado a los recursos permitidos por las Leyes nacionales de procedimiento, inclusive para las reparticiones nacionales descentralizadas.

Artículo 23

La acción emergente de cualquier perjuicio que se irrogase a terceros por contratos de locación u otros que tuvieran celebrados con el propietario, se ventilará por la vía ordinaria, en juicio por separado.

Artículo 24

Otorgada la posesión judicial del bien quedarán resueltos los arrendamientos, acordándose a los ocupantes un plazo de treinta días para el desalojamiento, que el expropiante podrá prorrogar cuando a su juicio existan justas razones que así lo aconsejen.

Artículo 25

Si se tratara de bienes que no son raíces, el expropiante obtendrá igualmente la posesión inmediata de ellos previa consignación judicial del valor determinado por la tasación oficial a que se refiere el artículo 16.

Artículo 26

Ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del reclamante se considerarán transferidos de la cosa a su precio o a la indemnización quedando aquella libre de todo gravamen.

Artículo 27

Todo incidente se resolverá sumariamente, en forma verbal y actuada.

Artículo 28

Las costas del juicio de expropiación serán a cargo del expropiante cuando la indemnización exceda de la ofrecida más la mitad de la diferencia entre la suma ofrecida y la reclamada; se satisfarán en el orden causado, cuando no exceda de esa cantidad o si siendo superior a la ofrecida el expropiado no hubiese contestado la demanda o no hubiese expresado la suma por él pretendida; y serán a cargo del expropiado cuando la indemnización se fije en igual suma que la ofrecida por el expropiante.

Título VI - Disposiciones Complementarias

Artículo 29

Se reputará abandonada la expropiación -salvo disposiciones expresas de ley especial- si el sujeto expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de sancionada la ley que la autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados; de cinco años, cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica, cuya adquisición por el sujeto expropiante pueda postergarse hasta que el propietario modifique -o intente modificar- las condiciones físicas del bien.

No regirá la disposición precedente en los casos en que las leyes orgánicas de las municipalidades autoricen a éstas a expropiar la porción de los inmuebles afectados a rectificaciones o ensanches de calles y ochavas, en virtud de las ordenanzas respectivas.

Artículo 30

Todo aquel que, a título de propietario, de simple poseedor, o cualquier otro, resistiere de hecho la ejecución de los estudios u operaciones técnicas que en virtud de la presente ley fuesen dispuestas por el Estado, por sus mandatarios o por los concesionarios de la obra, incurrirá en una multa de 100 a 10000 pesos moneda nacional, al arbitrio del juez, quien procederá a su aplicación, previo informe sumarísimo del hecho sin perjuicio de oír y resolver como corresponda. La multa se ejecutará por vía de apremio.

Artículo 31

En los juicios de expropiación de inmuebles en que no se hubiere dictado sentencia definitiva, corresponderá al tribunal que se halle avocado al conocimiento de cada causa, requerir los informes a que se refiere el artículo 14 de esta ley.

Artículo 32

A los fines de esta ley las revaluaciones a que se refieren los artículos 32 y 33 del Decreto 33405, del año 1944, ratificado por la Ley 12922 podrán ser realizados en plazos menores de cinco años.

Artículo 33

Derógase la Ley 189, así como todas las disposiciones de otras leyes que se opongan a la presente.

Artículo 34

Comuníquese al Poder Ejecutivo.