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Ley 24629
Administración Pública Nacional
Ejecución Presupuesto - Reorganización Administrativa
Año de sanción 1996
Fecha de sanción 1996-02-22
Organismo de origen Honorable Congreso de la Nación Argentina
Modifica Ley 11672
Ley 23696
Ley 23697
Modificada por Decreto 1093/1997
Decreto 1108/2017
Decreto 1129/1997
Decreto 1156/1996
Decreto 1310/1997
Decreto 1444/1996
Decreto 238/1996
Decreto 434/1997
Decreto 483/1996
Decreto 558/1996
Decreto 660/1996
Decreto 814/1998
Decreto 852/1996
Decreto 995/1996
Ley 24938
Ley 25152
Ley 25565
Enlazada por Ley 31
Ley 11672
Ley 23554
Ley 23696
Ley 23697
Ley 24059
Ley 24156
Ley 24624
Ley 24764
Ley 24804
Ley 24938
Ley 25064
Ley 25152
Ley 25400
Ley 25565
Decreto 1757/1990
Decreto 238/1996
Decreto 240/1996
Decreto 263/1996
Decreto 420/1996
Decreto 443/1996
Decreto 464/1996
Decreto 483/1996
Decreto 558/1996
Decreto 568/1996
Decreto 660/1996
Decreto 766/1996
Decreto 816/1996
Decreto 852/1996
Decreto 876/1996
Decreto 896/1996
Decreto 915/1996
Decreto 928/1996
Decreto 952/1996
Decreto 954/1996
Decreto 992/1996
Decreto 995/1996
Decreto 1084/1996
Decreto 1124/1996
Decreto 1156/1996
Decreto 1187/1996
Decreto 1231/1996
Decreto 1260/1996
Decreto 1273/1996
Decreto 1274/1996
Decreto 1309/1996
Decreto 1343/1996
Decreto 1375/1996
Decreto 1376/1996
Decreto 1381/1996
Decreto 1383/1996
Decreto 1403/1996
Decreto 1409/1996
Decreto 1410/1996
Decreto 1427/1996
Decreto 1444/1996
Decreto 1449/1996
Decreto 1455/1996
Decreto 1458/1996
Decreto 1459/1996
Decreto 1481/1996
Decreto 1482/1996
Decreto 1565/1996
Decreto 1585/1996
Decreto 1587/1996
Decreto 1589/1996
Decreto 1590/1996
Decreto 1593/1996
Decreto 1615/1996
Decreto 1623/1996
Decreto 1631/1996
Decreto 1646/1996
Decreto 1650/1996
Decreto 1659/1996
Decreto 1660/1996
Decreto 1661/1996
Decreto 1662/1996
Decreto 1663/1996
Decreto 1664/1996
Decreto 1665/1996
Decreto 74/1997
Decreto 102/1997
Decreto 108/1997
Decreto 256/1997
Decreto 344/1997
Decreto 434/1997
Decreto 618/1997
Decreto 679/1997
Decreto 696/1997
Decreto 923/1997
Decreto 1015/1997
Decreto 1093/1997
Decreto 1129/1997
Decreto 1166/1997
Decreto 1187/1997
Decreto 1251/1997
Decreto 1310/1997
Decreto 146/1998
Decreto 336/1998
Decreto 445/1998
Decreto 604/1998
Decreto 814/1998
Decreto 856/1998
Decreto 1390/1998
Decreto 1507/1998
Decreto 1017/1999
Decreto 1326/1999
Decreto 1436/1999
Decreto 1615/1999
Decreto 445/2000
Decreto 1057/2002
Decreto 1906/2002
Decreto 67/2003
Decreto 1191/2003
Decreto 1359/2004
Decreto 1563/2009
Decreto 1198/2012
Decreto 212/2014
Decreto 1108/2017
Prefectura Naval Argentina
Enlaces oficiales Texto original
Texto actualizado

Normas para la ejecución del presupuesto y la reorganización administrativa. Clasificación geografica de partidas presupuestarias. Obligación del pen de presentar estados demostrativos de ejecución del presupuesto. Utilización de creditos nocompremetidos. Segunda reforma del estado.

Capítulo I - Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional
Artículo 1

El Presupuesto General de la Administración Nacional deberá exponer a partir del año 1997 como anexo a la presente ley de presupuesto, en cumplimiento de las pautas establecidas en los incisos 8 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, la clasificación geográfica de las partidas presupuestarias asignadas a las actividades y proyectos que conforman los programas. Además, las erogaciones deberán ser presentadas por inciso y partida principal.

Artículo 2

El Poder Ejecutivo nacional deberá, en el marco de lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional, presentar al Congreso de la Nación en forma trimestral y dentro de los treinta (30) días de vencido el trimestre respectivo, estados demostrativos de la ejecución del presupuesto general de la administración nacional, siguiendo las clasificaciones y niveles de autorizaciones incluidos en la ley de presupuesto, exponiendo los créditos originales y sus modificaciones, explicitando la motivación de los desvíos y los avances logrados en los aspectos mencionados en esta ley.

Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional deberá presentar antes del 30 de junio de cada año, un informe de avance en la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año siguiente.

Artículo 3

El Poder Ejecutivo nacional no podrá aumentar el gasto de las jurisdicciones y entidades que obtengan recursos adicionales originados en el uso del crédito, cuando dentro de los créditos aprobados por la ley de presupuesto existan partidas financiadas con recursos del Tesoro nacional, destinadas a atender las mismas finalidades y objetivos para los cuales se haya concertado el endeudamiento público.

En la oportunidad de incorporarse dicho financiamiento al Presupuesto General de la Administración Nacional, el Poder Ejecutivo nacional procederá a disminuir los aportes del Tesoro nacional a dichas jurisdicciones y entidades por idéntico monto.

Quedan exceptuadas de lo dispuesto en este artículo las partidas que tengan por finalidad atender programas de promoción y fomento de empleo.

Artículo 4

Queda derogada toda facultad de origen legal para la utilización de créditos no comprometidos, acordada al Poder Ejecutivo nacional o a los organismos de su jurisdicción, a la finalización de cada ejercicio, en períodos siguientes, a excepción de lo autorizado en el presupuesto del año 1992.

Artículo 5

Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Todos los contratos de locación de obra y/o de servicios que resulten indispensables para la cobertura de servicios esenciales, incluidos los de los entes descentralizados, deberán tener respaldo presupuestario y ser autorizados por Decreto del Poder Ejecutivo nacional, por decisión administrativa, o por resolución del ente descentralizado, en la que constarán detalladamente los fundamentos de las contrataciones, sus respectivos montos y las obligaciones que generen.

Las jurisdicciones que ejecutan proyectos con financiamiento de créditos de organismos internacionales y/o cualquier otra fuente de crédito público, deberán sujetarse al mismo procedimiento para su aprobación.

El funcionario que autorice o concrete actos o contratos que no hayan dado cumplimiento a las normas de la Ley 24156, sus reglamentaciones y modificaciones, serán personalmente responsables, con sus bienes patrimoniales, si de aquellos resultare la obligación de pagar sumas de dinero. El PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá, por vía reglamentaria, los procedimientos necesarios para efectivizar dicha responsabilidad o para imponer sanciones pecuniarias. (Párrafos cuarto, quinto y sexto sustituidos por artículo 56 de la Ley 25565).

Capítulo II - De la Reorganización Administrativa
Artículo 6

Las normas contenidas en el presente capítulo tienen como objeto mejorar el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados por las distintas jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, así como su financiamiento, en las condiciones que se establecen en la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 1996.

Artículo 7

Delégase el ejercicio de facultades en materia de administración en el Poder Ejecutivo nacional, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con el objeto de realizar, en su ámbito, la reorganización del sector público nacional para lograr una mayor eficiencia y racionalización del mismo, mediante la modificación, fusión, transferencia de organismos a las provincias, previo acuerdo, y supresión total o parcial de objetivos, competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado manifiestamente innecesario, en los términos y con los alcances contenidos en la presente ley.

La aplicación de las medidas establecidas en este artículo no podrá generar incrementos en el número de cargos, permanentes y no permanentes, ni aumentos en los niveles jerárquicos aprobados por la ley general de presupuesto.

Nota: La restricción determinada en este artículo, se entenderá sobre el total de cargos permanentes y no permanentes y horas cátedras, aprobadas por Ley 24624 para la totalidad de las jurisdicciones, por artículo 1 del Decreto 995/1996
Artículo 8

Para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los artículos anteriores y en las condiciones y por el término que establece la presente ley, en el marco del artículo 76 de la Constitución Nacional, delégase en el Poder Ejecutivo nacional:

1) Centralizar, fusionar, transferir a las provincias, previo acuerdo, reorganizar o suprimir, parcialmente, organismos descentralizados creados por ley.

2) Disponer la supresión total de organismos descentralizados creados por ley sólo cuando se asegure el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado que pudiesen estar atendidas por dichos organismos y no impliquen la eliminación de funciones o roles que tengan directa incidencia en el desarrollo regional o comunitario.

3) Disponer la supresión de recursos propios de la administración central a su cargo o con afectaciones específicas establecidas por ley, salvo aquellas afectaciones destinadas a las provincias o a financiar gastos de seguridad social.

4) Proceder a la privatización de actividades relacionadas con la prestación de servicios periféricos y la gestión de producción de obras o bienes que se encuentren a cargo de las jurisdicciones o entidades de la administración central, sin que esto implique la declinación de servicios esenciales y en la medida que se logre una mayor eficiencia en su realización, mejores servicios a los usuarios o a la comunidad, con una disminución de sus costos o una mejor asignación de los recursos públicos destinados a esos fines. Para generar más empleos se dará preferencia en las mismas a las pequeñas y medianas empresas y a los microemprendimientos. Otorgará mayor preferencia a aquellas integradas por personal que se acoja a programas de retiro voluntario.

La presente delegación excluye la privatización de empresas públicas, universidades, entidades financieras oficiales, entes reguladores de servicios públicos, la participación del Estado nacional en entes y/o empresas binacionales y paquetes accionarios en su poder, parques nacionales, los que continuarán rigiéndose por la legislación que se hubiere dictado a ese efecto.

Artículo 9

El Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la creación de un Fondo de Reconversión Laboral del Sector Público Nacional, que tendrá por finalidad capacitar y brindar asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias, a los agentes civiles, militares y de seguridad, cuyos cargos quedaren suprimidos, en función de las medidas establecidas en los artículos precedentes, de acuerdo con sus habilidades naturales y grado de instrucción para su reinserción en el marco de la demanda laboral presente y futura del mercado nacional.

El Fondo de Reconversión Laboral funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tendrá carácter fiduciario y se financiará mediante la venta de bienes públicos que a tal efecto disponga el Poder Ejecutivo nacional, por medio de endeudamiento público que, para ese solo fin, se autoriza por la presente o por cualquier otra fuente de financiamiento que se destine a tales efectos, y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1997.

Sin perjuicio de las facultades de la Auditoría General de la Nación, anualmente el Poder Ejecutivo nacional rendirá cuentas al Poder Legislativo nacional, sobre el funcionamiento y financiamiento del Fondo, en ocasión de presentarse la Cuenta General del ejercicio correspondiente.

Artículo 10

Los agentes de planta permanente del sector público nacional cuyos cargos resultaran eliminados, quedarán incorporados al Fondo previsto en el artículo anterior y continuarán percibiendo sus remuneraciones por el período de capacitación, el que no podrá exceder de doce (12) meses, de acuerdo con la antigüedad y demás condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación, en tanto no hubieren formalizado otra relación de trabajo en dicho período.

La percepción de la retribución en el lapso que los agentes estén afectados al Fondo, se considerará como compensatoria de los períodos de disponibilidad y preaviso en los casos que corresponda.

Los cargos de los agentes que ingresen al Fondo serán definitivamente suprimidos.

Una vez cumplidas las condiciones de capacitación, formalizada una nueva relación laboral o extinguido el plazo previsto, el agente quedará automáticamente desvinculado del sector público nacional, tendrá derecho a percibir una indemnización calculada en función de la escala acumulativa del artículo 51 del Decreto 1757/1990, sustitutivo del artículo 14 del Decreto 2043/1980, indemnización que será financiada por el Fondo. En los casos que la indemnización por despido resultare superior por aplicación de la normativa vigente, se abonará la diferencia.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer reglamentariamente pautas para la devolución proporcional de la indemnización descripta precedentemente, en aquellos casos en que los agentes reingresaran al sector público nacional antes de los cinco (5) años de su efectiva desvinculación.

Artículo 11

Desígnase autoridad de aplicación de la presente ley al Jefe de Gabinete de Ministros, en el marco de las facultades que le otorgan la Constitución Nacional y esta ley. En ese carácter, podrá llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente, entre ellas, elevar al Poder Ejecutivo nacional para su aprobación el proyecto de supresión, modificación, fusión, transferencia o subsistencia de organismos, entes y servicios no esenciales, cualquiera fuere su naturaleza o denominación, así como la supresión de objetivos, funciones, acciones y cargos en las respectivas áreas, efectuar las modificaciones de créditos del Presupuesto General de la Administración Nacional que fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de esta ley, proponer o disponer, según corresponda, la distribución del personal y de bienes muebles e inmuebles que resulte de la aplicación de las disposiciones de la presente ley y proponer o disponer, según corresponda, el

traslado de los agentes públicos a organismos, escalafones, funciones y jerarquías diferentes a la de su categoría de revista y a proponer o reglamentar, según corresponda, un esquema de equivalencias escalafonarias para las deasignaciones de personal.

Artículo 12

El Ejército Argentino, la Armada de la República Argentina y la Fuerza Aérea, en tanto fuerzas armadas, y la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, en tanto fuerzas de seguridad, quedan sujetas a las prescripciones de esta ley en todo aquello que no desvirtúe los conceptos de defensa nacional y de seguridad interior contenidas en las Leyes 23554 y 24059 y no desnaturalice las instituciones antes mencionadas.

Artículo 13

Los Decretos dictados en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación en la presente ley, estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente de conformidad con lo dispuesto en el inciso 12 del artículo 100 de la Constitución Nacional.

El Poder Ejecutivo nacional deberá informar trimestralmente en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación sobre la aplicación de las facultades delegadas por la presente ley, sus fundamentos y resultados obtenidos.

Artículo 14

El ejercicio de las facultades legislativas delegadas en los artículos 6, 7 y 8 incisos 1), 2), 3) y 4) de la presente ley, estarán sujetas al control de la Comisión Mixta de Reforma del Estado y de Seguimiento de las Privatizaciones establecida por la Ley 23696. En todos los casos el control será previo.

Artículo 15

Los Poderes Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, podrán adoptar las acciones que estimen conducentes para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley.

Artículo 16

Invítase a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a dictar las normas que resulten necesarias para el establecimiento de procedimientos congruentes con los propósitos de esta ley.

Artículo 17

Comuníquese al Poder Ejecutivo. -ALBERTO R. PIERRI.- EDUARDO MENEM.- Juan Estrada.- Edgardo Piuzzi.